El reciente fallo de la Corte Suprema respecto del asesinato de José Carrasco Tapia sólo reafirma la postura de ese tribunal frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar que rigió los destinos de Chile entre 1973 y 1990. Una vez más se rebajaron las condenas de primera y segunda instancia, de modo que -en este caso- casi la totalidad de los 15 ex agentes de la CNI que integraron los comandos que asesinaron a Carrasco y a otros cuatro militantes de izquierda durante las madrugadas del 8 y 9 de septiembre de 1986, podrán cumplir sus condenas en libertad remitida.

Lo anterior, pese a que esos agentes fueron condenados por homicidios calificados, lo que significa que secuestraron "a personas desvalidas, impedidas de repeler cualesquier agresión", "armados y en horas de la noche, constituidos en un grupo capacitado para estas acciones, disciplinado y sujeto a mando militar", creando "las mejores condiciones de desprotección para desarrollar exitosamente su designio criminoso, al extremo que las víctimas fueron retiradas violentamente desde sus hogares para ser trasladadas a lugares solitarios, donde inmediatamente fueron baleadas numerosas veces (…)", según señaló el fallo en primera instancia del ministro Haroldo Brito, refrendado por la Corte de Apelaciones.

Duele la injusticia que está imperando en este tipo de crímenes. Más aún, si los jueces cuentan con tanta verdad. Como en este caso, en muchos otros los asesinos han utilizado la confesión como una herramienta para atenuar las penas. Así lo prueba, por ejemplo, el que el ex agente Jorge Vargas Bories, quien sacó a Pepe Carrasco de su dormitorio junto al jefe del operativo, Iván Quiroz, negara por más de 14 años su autoría en el crimen -aun al ser careado con Iván Carrasco, el hijo de Pepe- y confesara sólo cuando ello podría actuar como atenuante.

La Corte Suprema también ha sido reiterativa en aducir como atenuantes la "irreprochable conducta anterior". Es fácil tenerla cuando se actúa en la impunidad. Por ejemplo, Vargas Bories, aunque fue citado por la muerte en torturas del profesor Federico Álvarez Santibáñez, a inicios de los '80, nunca fue procesado. O la "obediencia debida", un atenuante del Código de Justicia Militar; o la "media prescripción", a pesar de tratarse de crímenes imprescriptibles.

Duele tanta injusticia. Más aún si se sabe la verdad: que la orden de asesinar a José Carrasco, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y Gastón Vidaurrázaga fue dada en La Moneda, donde se instruyó "cobrar 2 por 1".

Duele tanta injusticia habiendo tanta verdad.

* Compañera de trabajo de José Carrasco en revista "Análisis", coautora del libro "Asesinato de un periodista" y actual consejera nacional de Colegio de Periodistas de Chile.