Un total de 25 imputados por la comisión de delitos vinculados al estallido social se encuentran actualmente con la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo a la información levantada por la Fiscalía Nacional hasta el 24 de mayo de 2021. Los delitos por los que son investigados incluyen lanzamiento de bombas molotov, incendio, porte ilícito de armas y homicidios frustrados, entre otros.

Los 25 imputados fueron formalizados ante los tribunales de justicia, los que determinaron su privación de libertad, por cumplirse las causales legales para ello, en términos de que la Fiscalía presentó antecedentes que justifican la existencia del delito investigado y que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en tal ilícito como autor, cómplice o encubridor. Junto a ello, en todos estos casos los jueces evaluaron si la medida cautelar de prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de las diligencias de la investigación; si la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido; o si existe peligro de que el imputado se fugue.

Los acusados en el contexto del estallido social, y actualmente en prisión preventiva, son todos adultos y fueron formalizados por diversos delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Entre otras causas, se cuentan: un imputado por la comisión de homicidio consumado y tres homicidios frustrados; tres personas por activación y/o lanzamiento de bombas molotov; dos imputados por robo con intimidación o violencia; siete por el delito de incendio; tres por porte ilegal de armas; y otros cuatro por robo en lugar no habitado.

Quien menos tiempo ha permanecido en prisión preventiva es un imputado por el delito de robo no habitado, con 22 días. Mientras que la persona con mayor periodo privada de libertad corresponde a un adulto investigado por el delito de activación de bomba molotov, con 581 días y cuya medida cautelar ha sido revisada y en 9 ocasiones por los Tribunales de Garantía, confirmada 2 veces por la Corte de Apelaciones y ratificada 2 veces por la Corte Suprema.

Del total de imputados, ocho están acusados y en espera de juicio oral, procedimiento que se ha visto postergado a consecuencia de la pandemia. Para ellos, la Fiscalía solicita diversas penas, entre las que destacan 20 años de presidio por el delito de homicidio consumado y frustrado; 14 años por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y municiones, y microtráfico; 12 años por el delito de incendio, y 5 años y un día por el incendio de una tienda comercial.

Entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, ingresaron 41.075 casos relacionados a delitos de daños, robos, desórdenes y ley de control de armas, entre otros.

Por esos hechos, se han dictado a la fecha un total de 4.771 sentencias condenatorias respecto de 3.879 personas a quienes se les ha atribuido uno o más delitos, y 149 sentencias absolutorias correspondientes a 127 imputados.