Casi 5 años duró la tramitación del proyecto de ley que regula la instalación de antenas celulares, cuyo informe de comisión mixta fue aprobado este martes por 33 votos a favor en el Senado, con lo que se completó la tramitación legal y quedó despachada la iniciativa a ley.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, destacó que “hemos dado un gran paso. El proyecto ha sido muy trabajado y pone en común elementos complejos como el desarrollo, el crecimiento de las telecomunicaciones, la preocupación por la salud y por el impacto urbanístico, y todo en un contexto de mucha preocupación ciudadana”.

Apuntó que “en paralelo hemos enviado al Congreso el proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, que va a tener buenos recursos, no sólo del punto de vista financiero, sino sobre todo del punto de vista humano y tecnológico, lo que nos asegura una muy buena fiscalización”.

El proyecto define que no podrán emplazarse torres dentro de establecimientos educacionales, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios y predios urbanos donde existen torres de alta tensión. Tampoco en hogares de ancianos u otras áreas sensibles que defina la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Asimismo, prohíbe la instalación de antenas celulares en sitios ubicados a una distancia menor a 4 veces la altura de la torre de los deslindes de estos establecimientos, con un mínimo de 50 metros de distancia, salvo que sean torres que estos recintos necesiten.

Se entenderá como territorio urbano saturado de instalación de antenas, cuando un concesionario pretenda instalar una torre nueva en el radio de 100 metros a la redonda donde ya existen dos o más torres de 12 metros.

Estando ya instalado un gran número de estas estructuras sin ley, el proyecto plantea la  obligación de reagruparse y mimetizarse en caso de superar el número permitido por esta norma en un sector.

El presidente de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Jovino Novoa (UDI), explicó que en casos de antenas ya instaladas que sobrepasan la norma se plantea “la obligación de agruparse en una y, si no hay acuerdo, tienen la obligación de mimetizarse todas y compensar a la ciudadanía mediante obras como mejoramiento de calles y plazas u obras de tipo tecnológico, como asegurar internet gratis para un barrio”.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, toda torre de más de 12 metros de altura deberá contar con permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales, y las municipalidades deberán determinar mediante ordenanza las zonas de emplazamiento de antenas. Habrá tarifas que cada municipalidad podrá cobrar por el derecho de uso.