Sebastián Piñera iniciará su gestión entregando dinero en efectivo a varios miles de chilenos de condición modesta. Se trata del bono de 40 mil pesos que prometió durante la campaña.

No sabemos si él o su ministro de Hacienda explicarán que ello es posible gracias al sobresaliente manejo fiscal del gobierno de la Presidenta Bachelet, que entregará las mayores reservas que jamás haya traspasado un gobierno a otro. Y este país, según dijo Piñera en la campaña, "estaba en el pantano".

¿Cuánto influyó en el resultado de la elección presidencial la oferta de la derecha de entregar ese bono en marzo? Probablemente no poco.

El candidato y sus asesores estaban conscientes de que el inédito ofrecimiento tenía una apariencia discutible en términos no sólo económico-sociales, sino también estéticos.

Si jugaron esa carta de todas maneras, deben haber estado muy convencidos de la ganancia electoral que les reportaba.

Daban por descontado que serían acusados de actuar demagógicamente, pero concluyeron que la relación costo-beneficio compensaba cualquier crítica.

La mayor demostración de que la propuesta era grito y plata en los estratos bajos de la población fue -hay que reconocerlo-, que la candidatura de Frei trató de contrarrestarla con una fórmula que generó fuertes discrepancias en su equipo de campaña: entregar un bono de 30 mil pesos para gastos escolares.

Alguien podría decir que es mejor dar vuelta la página puesto que Piñera ya ganó y cualquier crítica puede sonar rencorosa. Pero está en juego la calidad de nuestra vida cívica.

No podemos pasar por alto aquellos episodios que inciden en la degradación de la política y que generan justificados recelos en muchos jóvenes que, además, ni siquiera tendrán la obligación de votar en el futuro.

Es cierto que el gobierno de la Presidenta Bachelet entregó dos bonos a los grupos más vulnerables en medio de la crisis económica mundial, que buscaron sobre todo amortiguar el aumento del desempleo.

Pero es distinto recurrir a un instrumento de ese tipo cuando se está gobernando y se enfrenta una emergencia, que usarlo como oferta de campaña. Un gobernante en funciones tiene el deber de considerar las consecuencias fiscales y legales de una medida como esa; un candidato, en cambio, puede sentirse libre para actuar desaprensivamente.

¿Se deduce que, desde ahora, será legítimo que los candidatos presidenciales ofrezcan pagar un bono a las familias pobres apenas asuman, y que se abrirá una competencia respecto de quién ofrece más? Mal camino.

Todo esto se relaciona con las expectativas acerca del rumbo que seguirá el gobierno de Piñera y la actitud que debe asumir la oposición. Sin perjuicio de favorecer una relación constructiva, lo mejor para la salud de nuestra democracia es que cada uno haga lo suyo. No habrá un gobierno de unidad nacional. Dejemos que funcione la alternancia.

Habrá que juzgar los pasos concretos del nuevo gobierno, sus prioridades, su manera de ejercer el poder. Las fuerzas opositoras se equivocarían seriamente si creyeran que su éxito depende de apostar al fracaso de Piñera.

Pero la alternativa no es la indulgencia. Las buenas maneras no se contradicen con la expresión franca de las diferencias. La disposición a establecer acuerdos no debe anular la capacidad de impugnar e incluso denunciar lo que corresponda.

Los ciudadanos valorarán que los opositores cumplan responsablemente con su papel de fiscalizar al Ejecutivo en el marco de la Constitución y las leyes.

Esto exigirá que los parlamentarios en particular actúen con rigor, sin ceder a la tentación del espectáculo (ya hemos tenido bastante en los últimos años).

Serán múltiples los efectos que tendrá la concentración del poder económico, político y de los medios de comunicación.

No puede haber ingenuidad al respecto. Se necesitará, por lo tanto, una oposición vigilante, bien plantada, que actúe con coraje para defender el interés colectivo.