El 29 de diciembre, Eduardo Frei llamó a la Concertación a hacerse cargo del malestar ciudadano respecto de las formas de hacer política. Señaló que "quienes no reconozcan lo legítimo de esta aspiración ciudadana y no se hagan cargo de ella, no tendrán un lugar en la política del futuro". Y no dejó dudas acerca de cómo entiende su propio rol: "Tanto durante mi campaña como en mi futuro gobierno tomaré con absoluta libertad, autonomía e independencia las determinaciones que me competen".

Esto último es la reivindicación del principio del suprapartidismo, que al comienzo de la transición se expresó en el explícito reconocimiento que hicieron los partidos del liderazgo del Presidente Aylwin y de la necesidad de que él gobernara con libertad y autonomía.

El programa de Frei incluye un capítulo referido a la dignificación de la política y el servicio público, en el que se plantea terminar con las malas prácticas y las "zonas oscuras" en la actividad política. Allí se llama a terminar con la "turbia relación entre el dinero y la política" y a poner fin a la presencia de operadores políticos en el aparato público.

Entre otras cosas, el programa propone sancionar drásticamente el tráfico de influencias y las ambigüedades en la relación entre el sector público y el privado; transparentar el funcionamiento interno de los partidos, para lo cual propone establecer un sistema de registro de proveedores de las campañas y asegurar un sistema de información en línea de las donaciones en período electoral.

Es saludable que los partidos se miren a sí mismos sin contemplaciones, para corregir todo aquello que inspira recelos en la gente. Eso implica velar por la corrección de procedimientos en su seno, para que ningún líder o grupo pueda apropiarse de la organización para ponerla al servicio de sus propios intereses. Si los partidos no funcionan con apego a las normas democráticas, hay un daño en cadena a nuestra convivencia. ¿Qué filtros democráticos podría haber en la elección de candidatos a los cargos de representación en un partido que funciona antidemocráticamente?

Es una incongruencia que alguien se declare progresista y que, al mismo tiempo, actúe como accionista mayoritario en el PPD, con poder para designar candidatos a parlamentarios y alcaldes, y para poner y sacar gente en el aparato del Estado. Son los medios los que deben justificar el fin.

Para que nuestra democracia sea más vigorosa, es esencial que el espíritu autocrítico y el impulso de renovación impregnen la vida política. Nadie puede actuar como fiscal, dedicado a pedir cuentas a medio mundo y sin ninguna obligación de rendirlas. Nadie está libre de culpa como para lanzar la primera piedra.

Pero no se trata sólo de los partidos. ¿No sería saludable, por ejemplo, que el movimiento sindical viviera un profundo proceso de renovación, que le permitiera actualizar su visión del mundo y dialogar con todos los sectores de la sociedad? ¿No sería también provechoso que los directivos de los medios de comunicación y los periodistas actuaran con sentido razonablemente autocrítico respecto de cómo usan el gigantesco poder que tienen en sus manos?

En los últimos 5 años, se han aprobado varias leyes que apuntan al mejoramiento de la política y la gestión del Estado, por ejemplo la Ley de Financiamiento Público de las Campañas y Control del Gasto Electoral, la Ley de Alta Dirección Pública y la Ley de Transparencia. Se trata de evidentes avances.

Hace pocos días, la Presidenta Bachelet promulgó la Ley sobre la Calidad de la Política, que posee gran trascendencia.

La reforma incorporó a la Constitución la exigencia de que los partidos efectúen elecciones primarias para definir sus candidatos a los cargos de representación. Como se trata de hacer respetar las reglas del juego, estableció que los candidatos que no resulten elegidos en las primarias no podrán competir "por fuera" para el mismo cargo. El propósito es no debilitar la legitimidad y autoridad de los partidos y coaliciones.

La reforma estableció que el Presidente de la República, los ministros, los parlamentarios y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Esa misma ley determinará los casos y las condiciones en que deberán delegar en terceros la administración de los bienes y funciones que supongan conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. La ley contemplará diversas medidas para resolver los conflictos de interés y, en situaciones calificadas, la obligación de enajenar total o parcialmente los bienes que generan esos conflictos.

La reforma promulgada puso fin a una antigua controversia al establecer la imposibilidad de que senadores y diputados sigan ejerciendo la profesión de abogados y representando a clientes en juicio. Ya era hora.

En el acto de promulgación, la Presidenta insistió en la exigencia de que la política y los negocios estén claramente separados, y en la necesidad de que nadie pueda aprovechar un cargo público para favorecer sus propios intereses.

No hay que cansarse de decir que, para sanear las prácticas políticas, es crucial la eliminación del sistema electoral binominal, que es una fuente de corrupción. Acabamos de ver en la reciente elección de diputados que 58% de los votos vale lo mismo que 31%.

Hay que tomar en serio la renovación de la política. No se puede convertir en una frase para salir del paso. Tampoco puede entenderse como un conjunto de condiciones que "los otros" deben cumplir. Ni como un gesto para darle en el gusto a alguien.

¿Le importa todo esto a los partidos de derecha, en los cuales las redes del poder político y el poder económico son indisociables? ¿Le puede importar esto al propio abanderado de la derecha, que está convencido de que el poder es uno solo y hay que usarlo sin complejos?

Pero esta discusión sí es importante para quienes están animados de un genuino espíritu democrático y rechazan todo conservadurismo, y que por lo tanto cuestionan el estado actual de nuestras instituciones e incluso son capaces de cuestionarse a sí mismos, lo que siempre es encomiable.

En el caso de los partidos de la Concertación, la renovación necesita ser un proceso de regeneración moral y política de largo aliento que, cualquiera que sea el resultado del 17 de enero, deberán impulsar con convicción para tener posibilidades de ganarse un lugar en la política del futuro.