El viernes, 24 horas después que había expirado el plazo para buscar una salida a la crisis política de Honduras, gatillada por el golpe de Estado del 28 de junio, la mesa de negociaciones se fracturó.

De inmediato, el Presidente constitucional, Manuel Zelaya, acusó al gobernante de facto Roberto Micheletti de boicotear el diálogo para "sostenerse arbitrariamente en el poder", y rechazó su propuesta de que sea la Corte Suprema la que decida su restitución en lugar del Congreso.

Pese a la ruptura, el Presidente depuesto dio un nuevo plazo -hasta este lunes- para que Micheletti reconsidere su posición, al mismo tiempo que pidió a sus partidarios movilizarse y a "que se tomen todas las medidas ante la burla y la bofetada que el señor Micheletti ha inferido al pueblo hondureño y a la comunidad internacional boicoteando el diálogo y usándolo como método de dilación para sostenerse arbitrariamente en el poder".

También solicitó una reunión de cancilleres de la OEA para acordar nuevas medidas de aislamiento del régimen golpista.

Aun cuando la tensión es alta y los pronósticos catastróficos, tanto el régimen de Micheletti como los partidarios de Zelaya se esforzaban por enviar señales de que el diálogo podía continuar.

"La negociación no se ha roto, están en consulta, y todavía no se ha aceptado ningún arbitraje para que decida sobre la restitución de Zelaya", afirmó ayer su ministro de Turismo, Ricardo Martínez, en el hotel sede del diálogo.

A su vez, la vicecanciller del gobierno de facto, Martha Lorena Alvarado, dijo que "estamos sentados en la mesa de diálogo el tiempo que sea necesario. Se busca que sean hondureños los que opinen sobre el tema, no un arbitraje internacional", ante la disyuntiva de que sea el Congreso el que decida sobre el conflicto, como piden los zelayistas, o la Corte Suprema, como quiere Micheletti.

El diálogo "ha sido definitivamente roto", anunció la noche del viernes Patricia Rodas, canciller del gobierno depuesto, desde Cochabamba, Bolivia, donde asistía a una reunión de la ALBA.

"La intransigencia de la dictadura lo hizo fracasar (el diálogo) en su parte medular", agregó la diplomática, al referirse a la negativa del gobierno de Roberto Micheletti de dar un paso al costado y reponer en la Presidencia al destituido Zelaya, que está refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre, cuando regresó clandestino a su país.

El diálogo había avanzado hasta un 95 por ciento, anunció la noche del jueves uno de los principales negociadores de Zelaya.

Incluso llegó a establecerse un acuerdo básico en el sentido de que el gobernante despojado del poder pudiera regresar al gobierno, pero no hubo acuerdo sobre el mecanismo a través del cual pudiera ser cumplido ese objetivo.

Micheletti insistió en que tenía que ser la Corte Suprema -que está a favor del régimen de facto- la que decidiera sobre el retorno de Zelaya, lo que fue rechazado por el Mandatario depuesto.

"Es una propuesta absurda. Nosotros propusimos que fuera el Congreso, que previa opinión de las instancias pertinentes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia (...), emita la decisión", afirmó en Tegucigalpa el principal negociador zelayista, Víctor Meza, ministro de Gobernación.

Desde la casa presidencial, en tanto, aseguraban que la negociación no está terminada.

"Seguimos en el diálogo todo el tiempo que sea necesario. El gobierno ofrece toda las disposiciones y garantías para que la mesa de diálogo se prolongue", afirmó el ministro interino de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce. Pero en Tegucigalpa se respiraba aire de ruptura y frustración.

El jueves en Honduras fue un día de feriado, decretado la noche anterior por el régimen golpista luego que la selección de fútbol del país centroamericano lograra su clasificación -que no conseguía desde 1982- para el Mundial de Sudáfrica.

Ello redujo las protestas callejeras, el ambiente parecía menos tenso, pero lejos de la algarabía los negociadores seguían trabajando en los salones de un elegante hotel de Tegucigalpa, siempre acompañados de los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre los que está el chileno John Biehl.

Esa noche, con la seguridad de estar más cerca de un acuerdo, los representantes de Zelaya ampliaron el plazo de las tratativas, a petición de Micheletti, según dijeron.

Los representantes de Micheletti y el propio presidente de facto rechazaron reiteradamente que Zelaya regrese al poder en las mismas condiciones que tenía al momento de ser arrestado la noche del 28 de junio y expulsado de Honduras.

El punto no era sólo la falta de voluntad política de los golpistas para acceder a esta demanda que cuenta con el respaldo unánime de la comunidad internacional, sino también a la carencia de sustento legal y constitucional que lo permita.

Zelaya está acusado en tribunales por 18 delitos por su supuesta intención de instalar una asamblea constituyente y eventualmente modificar los plazos de su propio mandato.

En la mesa de negociaciones fue instalada incluso una propuesta alternativa: que la Presidencia de Honduras sea asumida por una tercera persona durante el período de mandato restante, que entregue el poder a las nuevas autoridades que sean elegidas en los comicios convocados para el próximo 28 de noviembre. Esa era la propuesta de Micheletti.

"Se manejan como posibles opciones el propio Víctor Meza, en su condición de ministro de Gobernación del gobierno de Zelaya, o José Alfredo Saavedra como actual presidente del Congreso Nacional", publicó el viernes el diario La Prensa.

Pero a los seguidores de Zelaya esta opción no les parecía viable y el Frente Nacional de la Resistencia (FNR) la rechazó de plano.

Según Víctor Meza, uno de los tres negociadores de Zelaya, hasta ese momento ya había acuerdo en el 95 por ciento de los puntos puestos en debate y esperaba que el viernes fuera suscrito el pacto final.

"Tenemos casi la convicción de que estamos a un punto de lograr un acuerdo definitivo que nos permitirá la salida de esta crisis que nos agobia y atormenta desde hace varios meses. Yo diría que el diálogo está ahora en un 95% avanzado", dijo el ministro de Gobernación de Zelaya.

A su vez, el FNR apuntó, a través de un comunicado, que "observamos falta de voluntad política de parte de los golpistas (…), al aplicar tácticas dilatorias pretendiendo que la restitución del Presidente Zelaya dependa de la decisión de otras entidades estatales, como el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia", donde los golpistas tienen mayoría y fueron los órganos del Estado involucrados en el golpe de junio.

Micheletti insistió en que Zelaya debía rendir cuentas ante la justicia por violar la Constitución y que es la Corte Suprema la que debe decidir si se restituye al líder derrocado en el poder.

El punto que propone Micheletti era visto con preocupación por los zelayistas, ya que sospechan que ésta podía limitar en exceso sus facultades, terciarle la banda presidencial sólo para legitimar el nuevo gobierno que sea elegido en noviembre y, de paso, dejar sentado un precedente fatal para la democracia: a los presidentes los pone y los saca un poder distinto a la soberanía popular.

Si esta idea se impone, también sería un revés para la comunidad internacional y un golpe para la OEA, cuya Carta Democrática fue puesta a prueba por la crisis hondureña.

Por eso, la Resistencia comenzó a tomar distancia de los resultados de las negociaciones y denunció que el término de las restricciones a las libertades públicas decretadas por el régimen de Micheletti ha sido "una farsa", pues siguen vigentes ya que el decreto no se ha oficializado.

"Los golpistas pretenden quedarse en el poder utilizando la farsa electoral del 29 de noviembre como medio de legitimación de los candidatos y candidatas golpistas, estrategia que está condenada al fracaso porque el pueblo hondureño en resistencia no lo va a permitir", indicó el comunicado difundido el jueves.