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Adulteraciones a la Ficha de Protección Social

Adulteraciones a la Ficha de Protección Social

MAHIA SACAROSTTI.- “Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido”, dice una trabajadora social, al referirse a la aplicación de la Ficha de Protección Social.

Jueves 29 de septiembre de 2011| por Mahia Sacarostti

La Ficha de Protección Social (FPS) se aplica para identificar a las familias con mayores necesidades bajo los principios de equidad y justicia en la entrega de la ayuda estatal.  Este instrumento se instaló como un Derecho Social y puerta de entrada a las diversas formas de ayuda estatal.

Mideplan está a cargo de administrar la FPS. Las municipalidades son las que recogen los datos con los que se calcula los puntajes, y éstas pueden licitar el servicio a terceros, y luego envían los datos a Mideplan. Posteriormente, el ministerio calcula y manda los puntajes al municipio, donde los encuestados pueden pedir la información y solicitar un reencuestaje.

La FPS sirve para postular a los distintos subsidios y prestaciones monetarias que ofrece el Estado, como el Subsidio al Consumo de Agua Potable, Pensión Básica Solidaria y Pensiones con Aporte Previsional Solidario, Subsidio a la Discapacidad Mental, Subsidio a la Cédula de Identidad, Bonos de Protección y Egreso Chile Solidario, Subvención Pro Retención Escolar, Subsidios de Vivienda para sectores vulnerables y Subsidio Eléctrico y Subsidio único familiar, entre otros.

ADULTERACION DE INFORMACION EN LA FPS

Mideplan denunció que existen 4.000 personas en el país que incurrieron en entregar datos falsos en la FPS para lograr algún tipo de beneficio social.

En Negrete, la ex administradora municipal, habría incurrido en entregar información falsa acerca de su remuneración y escolaridad, para optar a beneficios estatales. "Llenó una ficha en la que habla de un sueldo de menos de la mitad de lo que realmente recibe. Habla de una situación de estudios, donde para llegar al cargo se necesita un título. Se está falseando con el objetivo de obtener beneficios sociales y obtener subsidios de reconstrucción", expresó Lavín.

En Cañete, una empresaria de la zona indicó un ingreso mínimo y una discapacidad que no existe. "Tiene un puntaje alrededor de 2.500 puntos que la sitúa en un nivel de indigencia". En Chiguayante, se han detectado al menos 29 casos, donde hay personas discapacitadas que no lo son, incluso personas que son inexistentes, que no viven en ese domicilio.

Pero, este tipo de adulteraciones a la información de la Ficha de Protección Social no son noticias nuevas….

En el año 2009, profesionales del Programa Puente en San Bernardo, indican que mucha gente miente sobre sus condiciones socioeconómicas al responder la Ficha de Protección Social (FPS).

Con la antigua ficha CAS, lo que pesaba en el puntaje familiar era el equipamiento del hogar. Con la FPS, aspectos como la discapacidad, la educación o la conformación familiar, son más importantes.

“Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido” dice una trabajadora social, encargada del programa Puente en San Bernardo.

Otra profesional de Puente Alto, cree que se podría focalizar mejor si Mideplan diera más autonomía a los municipios para crear planes sociales y hacer un seguimiento a las familias antes de seleccionarlas: “Conocemos mejor que nadie la realidad territorial”.

En Arica, desde que se comenzó a aplicar la ficha en 2007 hubo fallas. Se hacían encuestas en las juntas de vecinos en vez de en las casas y se aplicaban veinte consultas diarias, lo que no daba tiempo para hacerlas bien. Un año después se detectaron datos falsos y diez funcionarios fueron despedidos. "Se descubrió que funcionarios municipales beneficiaron a algunos pobladores y se arreglaron su propia ficha para obtener menos puntaje. Diez personas fueron desvinculadas de la municipalidad por esta razón", explicaba Osvaldo Abdala director de Desarrollo Comunitario de Arica.

En La Calera, el concejal Lautaro Correa el año 2010 aseguraba que "los vecinos me han denunciado que los encuestadores cobran $5 mil por poner menos condiciones en la ficha".

Más al sur, en Concepción, el mismo año 2010, la concejala Alejandra Smith pidió investigar la entrega de viviendas y la "posible adulteración de fichas de protección social, antes y durante el proceso de selección de los beneficiados".

En Puerto Montt, una funcionaria de una de las empresas que aplicaban la ficha para la Municipalidad de Puerto Montt logró bajar su puntaje de 14 mil a tres mil porque declaró tener un trabajo esporádico a pesar de estar contratada por un año, no incluyó su título profesional ni a su esposo, quien trabajaba en una salmonera. Al no ser detectado el cambio, ella obtuvo un subsidio del Fondo Solidario I, que es para el 20% más pobre del país. Otra mujer que laboraba en una de las empresas encuestadoras sumó 2.166 puntos (casi el mínimo posible), a pesar de tener trabajo y de recibir ingresos por el arriendo de dos habitaciones. También se denunció que un concejal de la comuna tenía 7.873 puntos, estableciéndose diferencias entre la ficha física y los datos de Mideplan.

En tres días, el consejero regional Karim Bianchi recibió más de 1.500 reclamos en Punta Arenas y Puerto Natales. "Personas que tenían cambios de puntajes abruptos, sin cambio en las condiciones del hogar; toma de datos para la ficha con lápiz mina y una persona que al hacer la ficha vendía joyas, y la gente alegaba que tenía puntaje alto a pesar de que compró joyas o que creía tener problemas por no haber comprado", explica Bianchi. La vendedora fue despedida y la Contraloría estudiará el caso.

DESAFIOS PARA LA FPS

Como se explicó anteriormente, algunos beneficiarios u operadores del sistema han alterado información con la finalidad de acceder a los beneficios sociales. Esto implica que se puede focalizar la entrega de beneficios sociales en familias que no lo requieren y excluir a otras que realmente son vulnerables.

Ante esto, el desafío es solicitar a los postulantes presentar documentación que acredite su situación social y económica, por ejemplo su condición educacional y de salud. Y, aplicar sanciones a aquellos que no proporcionen información veraz mediante el reintegro del beneficio, la descalificación del beneficiario para un programa en forma permanente o temporal o el pago de multas.

Lo anterior, supone avanzar desde una “lógica de derechos”, a una “lógica de derechos y obligaciones” para quienes postulan y acceden a la ayuda estatal así como para las instituciones involucradas en el proceso de focalización.

Una tarea adicional es la de mejorar el nivel de los encuestadores, a quienes en nuestro país se les pide como mínimo tener 4° medio. En los Estados Unidos, por ejemplo, los encuestadores son Trabajadores Sociales que asumen la tarea de recoger la información necesaria y verificarla. Y, posteriormente asesorar a los postulantes respectos a los beneficios para los cuáles son elegibles, requisitos adicionales requeridos y la activación de redes necesarias para hacer efectivo el beneficio social. Al mismo tiempo, estos profesionales asumen la tarea de explicar las razones de no elegibilidad, a aquellas personas y familias que no cumplan con los puntajes o requisitos requeridos para distintas ayudas sociales. La entrega de puntajes de la mano con la asesoría y orientación social necesaria, se constituye en una verdadera puerta de entrada a un sistema de protección social.

Otro desafío es mejorar los registros administrativos del gobierno para verificar las condiciones reportadas por los miembros de la familia, por ejemplo a través de las bases de datos del SII y de las AFP, y la posibilidad de compartir información entre instituciones para evitar la duplicación y el fraude.

Se espera que en octubre comience una metodología mucho más estricta en la recopilación de datos. De esta forma, se espera también que estas modificaciones tengan como efecto un mejor uso de los recursos públicos focalizando a aquellas familias que realmente requieran de ayuda estatal.

Mahia Saracostti Schwartzman, Directora de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile. Trabajadora Social y Master en Administración, M.B.A., ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además posee un Ph.D. en Social Welfare, City University of New York.

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