Agustín Squella tiene una trayectoria notable. Es abogado, periodista, profesor hace 50 años, fue rector de la Universidad de Valparaíso, se desempeñó como asesor cultural de la Presidencia de la República en el gobierno de Ricardo Lagos y ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el 2009.

Hoy tiene otro desafío, ser uno de los constituyentes del distrito 7 para redactar la nueva Constitución de Chile. Si bien va como independiente, está ocupando un lugar apoyado por el Partido Liberal.

Squella conversó con AgenciaUno sobre la nueva institucionalidad que regirá al país, haciendo hincapié en terminar con el “presidencialismo casi monárquico” del gusto de un “autócrata como Pinochet”. Se muestra a favor de la adopción homoparental, eutanasia, sin embargo, sobre el aborto y la legalización de la marihuana tiene sus reparos.

– En relación al Poder Ejecutivo, ¿qué tipo de gobierno propone, presidencialista, semi presidencial, parlamentarismo o la opción de un primer ministro? En el mismo punto, ¿qué cantidad de años plantea para cada período, ¿4, 5 o más?

Hay que terminar con el presidencialismo casi monárquico de la Constitución de 1980 y sustituirlo por un régimen semi presidencial con mandatarios que durarán 5 años en el poder. Hans Kelsen, el principal teórico del derecho del siglo XX, comentó críticamente el excesivo presidencialismo de la Constitución de 1925. El notable jurista murió en 1973 y uno podría preguntarse qué habría pensado del presidencialismo aún más acentuado de la del 80. No es de extrañar que ese presidencialismo exacerbado haya sido del gusto de un autócrata como Pinochet.

– Sobre la organización política territorial, ¿está de acuerdo con asegurar ingresos propios a gobiernos regionales y municipios?, ¿cuál sería su propuesta para poder hacer real la descentralización?

La democracia es una forma de gobierno que organiza el poder, y que, asimismo, lo divide, lo limita y lo controla. Hoy el poder político está excesivamente concentrado en la Presidencia de la Republica versus el Congreso Nacional y en el gobierno central versus los gobiernos regionales y comunales. Una nueva Constitución debería corregir esas asimetrías de poder y procurar un efectivo desarrollo equitativo y armónico de todas las regiones del país.

– ¿Considera la opción de que el poder legislativo sea unicameral? Hay propuestas que señalan 180 miembros elegidos por un período de cinco años con posibilidad de reelección, ¿qué opina de esta idea?

Prefiero un legislativo bicameral y con un proceso de formación de las leyes más ágil del que tenemos hoy, incluyendo la iniciativa popular de ley, la abrogación de leyes por iniciativa ciudadana y la cancelación del mandato a representantes que hubieran faltado a sus deberes legales o a los estándares éticos propios de su cargo.

– ¿Cree que en la nueva Constitución el derecho al agua debe quedar estipulado como un derecho fundamental para la vida? ¿Qué propone para asegurar que el medio ambiente sea una prioridad para alcanzar un desarrollo sostenible?

Si el agua es un bien nacional de uso público, los derechos de aprovechamiento de ella no pueden ser privados ni menos fuente de lucro para sus titulares. El agua, como bien común que es, debe estar al alcance de todas las personas y sus familias y no ser acaparada para beneficio de unos pocos.

– ¿Cuál es su postura frente a los llamados temas valóricos, tales como la adopción homoparental, eutanasia, pena de muerte y experimentación animal?

El principal tema valórico es la pobreza. Lo más inmoral es que millones de personas puedan vivir en condiciones materiales de existencia que no condigan con la igual dignidad que nos reconocemos intersubjetivamente todos los individuos. Si hoy nos horroriza la esclavitud como institución de larguísima existencia en la historia de la humanidad, a futuras y próximas generaciones les indignarán los niveles de persistente y aguda pobreza del mundo contemporáneo. Se llevarán también las manos a la cabeza y exclamarán “cómo pudo ser”. Adopción homoparental y eutanasia, sin dudas. Pena de muerte en contra, también sin dudas. Experimentación animal, mucho mejor regulada. Los humanos tenemos que reconocer y respetar la biodiversidad del planeta. No nos encontramos frente a la naturaleza, sino dentro de esta, y deberíamos reverenciar toda forma de vida. Pero en esto, como en todo, debemos actuar sin eslóganes ni pretensiones extremas.

– ¿Cuál es su opinión del aborto libre?

El aborto no es exactamente libre, en cualquier momento del embarazo. Lo que se llama de ese modo es un aborto sin expresión de causa y dentro de un número determinado de semanas después de ocurrida la concepción. Este plazo es el que impide llamarlo con propiedad “libre”. Nunca penalizaría a una mujer que se practicara un aborto, pero, a la vez, como desconocer que necesitamos un mayor y más respetuoso debate sobre el aborto sin expresión de causa. Se trata de un asunto que tiene una fuerte carga moral para todos, tanto para los “pro” como los “contra”, y, como tal, exige una deliberación colectiva y colaborativa que vaya más allá de que esos grupos se vean como simples rivales a los que vencer. Tanto si se trata de deliberaciones morales en el plano individual como colectivo, cuando ellas son importantes deben ser serenas, pausadas, tanto dando como escuchando razones, y provistas de un recíproco respeto y lealtad. Ni los partidarios del aborto son pro muerte ni sus detractores unos conservadores a ultranza y sin remedio.

– ¿Y acerca de la legalización de la marihuana?

¿Marihuana? Con las restricciones necesarias para evitar que jóvenes no se descerebren.

– ¿Cuál fue su motivación para ser candidato a constituyente?

Si postulo a la Convención no es para representarme a mí mismo, ni tampoco sólo al distrito por el que voy. La aspiración es representar a la ciudadanía y eso exigirá a los constituyentes mucha escucha, mucha apertura a la participación, mucha disposición a oír y a sopesar todas las opiniones. Ahí estará la exigencia mayor, pero también la solemnidad y aún la grandeza de la tarea de estudiar, debatir y aprobar una nueva Constitución para la República de Chile, para toda ella y no solo para una parte de ella.