Alberto Undurraga pasaba sus últimos días de vacaciones junto a su familia en Lanalhue, en la Región del Biobío, cuando empezó a temblar. "Fue un gran susto", suspira. Esperó a que amaneciera para echar a su familia dentro de su vehículo y durante 12 horas, trayecto que normalmente dura tan sólo siete, fue recibiendo llamados entrecortados y mensajes de texto de amigos y familiares que le fueron informando del terremoto que afectó a gran parte del país. Pero le faltaba enfrentar su propio sismo: los edificios dañados en su comuna, que se han convertido en el símbolo de malas prácticas de inmobiliarias privadas.

-¿En qué momento se enteró del colapso del edificio?

-A las cinco de la mañana se constituyó el comité de emergencia. Hubo una primera evaluación el sábado a las cinco de la tarde, donde recibo un primer reporte y se constituye un conjunto de tareas, mientras yo todavía venía en viaje de regreso. Ya en la noche, después de 13 horas de manejar, hago todo un chequeo y me pongo en contacto con el director del Sernac (José Roa) y le digo "mira, esta es la situación que tengo: tres edificios con problemas", después nos damos cuenta de que son ocho. La primera visita a vecinos fue el domingo a las seis y media de la mañana. Estuvimos hasta las 10 de la noche en distintas visitas. Ordenamos el trabajo en función de varios equipos. Un equipo orientado a los edificios públicos y otro orientado a los edificios privados, donde la prioridad fue la vivienda. Otro equipo orientado a la normalización de los servicios, porque en la medida que la normalización llega hay mayor tranquilidad. Lo primero fue solucionar el tema del agua, porque la empresa es municipal.

-¿Cuál es la fiscalización que puede ejercer el municipio en términos de la calidad del edificio?

-La primera información de todo lo que hemos recibido es que la responsabilidad apunta a las empresas constructoras y a los calculistas. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que no corresponde en esta etapa descartar responsabilidades. Le he entregado al Sernac, y lo mismo haré con el Ministerio Público, un expediente completo de todo el trabajo del municipio para que ellos puedan determinar si es que hubo un error municipal.

"Toda la información que hemos recibido apunta a que la responsabilidad está en el trío: empresas constructoras, inmobiliarias y calculistas. Sin embargo, yo creo que si es que hay responsabilidad pública, también hay que ser severo en la sanción con responsables de que por haber hecho mal el trabajo tengamos este tremendo problema.

-¿Hay un vacío legal? ¿Un desconocimiento?

-Hoy día tenemos una ley en la que, en materia de estructura de cálculo, la municipalidad es más bien un receptor que tiene que verificar que existan los informes de cálculo y de estructura. Sin embargo, no es el municipio el que valida que estén bien o que estén mal… ese es el problema de la ley. Particularmente, en el edificio emblemático de Tristán Valdés, quien dio el visto bueno a la resistencia de materiales fue el Idiem, y hay un calculista que dijo que el cálculo estaba bien hecho. Ellos no pueden decir que esto fue una catástrofe de fuerza mayor, porque los edificios de al lado están bien. No es el caso de que todo el sector esté devastado. Hemos hecho una denuncia al Sernac por la ley de calidad de vivienda, pero también al Ministerio Público por los eventuales delitos que puede haber.

-La inmobiliaria MIG no tiene domicilio conocido y su propietario no está localizable. ¿Esto se le puede atribuir a una falta de la ley?

-Todas las empresas, al momento de hacer sus trámites y de acercarse a cualquier organismo público, tienen que tener un domicilio. Ahora, la pregunta es: ¿Qué hacen esas empresas después de esto? Por lo que tú dices, por tu investigación periodística que indica que hoy no tiene domicilio conocido, yo me imagino que al momento de hacer los trámites sí lo tenían.

-¿Esta gente no se ha acercado al municipio?

-No. Distinto es el caso de otras empresas que sí están comunicándose con los vecinos. Hay desacuerdos brutales, porque los vecinos no quieren lo que ofrece la empresa, ¡pero al menos están!

-¿Qué porcentaje de edificios de su comuna fueron dañados en el área privada?

-Nosotros tenemos hoy día ocho inmuebles deshabitados por distintos daños estructurales, pero todos con riesgo de caerse si es que hay otro sismo. Algunos de ellos van a tener que ser demolidos y otros arreglados. Le hemos solicitado al Serviu que, con organismos técnicos como el Dictuc y el Idiem, hagan esta evaluación. En el caso del Idiem les pedimos que se abstenga en lo que ellos mismos revisaron en el proceso anterior. Además, hay dos fenómenos que tienen que ver con la normativa, que se aprecian más en Santiago. Aquí tiene que haber una discusión acerca de la norma y cómo se verifica su cumplimiento. Si los revisores independientes y los distintos calculistas son pagados por la misma empresa que hace el edificio, eso genera, al menos, alguna duda acerca de la validez de los casos. Lo segundo es que estas mismas empresas, particularmente MIG, tienen otras construcciones en otros sectores de la ciudad y ahí no les pasó nada a los edificios.

-Efectivamente, MIG tiene construcciones en La Dehesa, por ejemplo, el Golf de Manquehue y a esa gente, afortunadamente, no le pasó nada.

-Aquí hay algo de la ciudad no justa. Hay que mejorar el marco legal para que la ciudad sea justa. Esto se expresa cuando hace seis meses yo reclamaba que los cables que me habían dejado en Pajaritos estaban muy desordenados, por decirlo de una manera sutil, cosa que no sucede en Providencia cuando se hace una obra pública. Eso es una expresión del estándar de una obra en un sector de la ciudad versus otro. Y eso respecto a una obra pública. Bueno, lo mismo sucede con una obra privada. Parece que la empresa en un lado sí puso el fierro necesario y en otro lado no puso el fierro necesario.

-¿Cree que hay cierto clasismo de la inmobiliaria? ¿Hay una suerte de estándar para barrios altos y otro para Maipú y Macul por ejemplo?

-No quiero calificar intenciones, pero sí constatar el hecho. Aquí hay un estándar distinto. Una misma empresa tiene un estándar distinto para sectores acomodados y para sectores medios, porque no estamos hablando aquí de sectores pobres, quienes tuvieron este problema son sectores medios. Esto genera una discusión acerca de qué normas hay que revisar para que esta sea una ciudad más justa. Aparte de la reconstrucción, hay que hacer un análisis acerca de cuáles son las normas que permitan a los municipios fiscalizar, porque hoy día la verdad, en materia de cálculo estructural, somos más bien receptores.

-¿Qué le parece esta diferencia que hace la empresa?

-Me parece inaceptable. Con la vida de la gente no se juega. No se puede ahorrar con cosas que tienen que ver con la seguridad. Puedo entender que la cerámica sea distinta, que una puerta tenga diferente material… pero no la seguridad. Es inaceptable esta situación, sobre todo porque la empresa no da la cara. Todo el mundo sabe lo que pasó en Maipú, no dan la cara porque no quieren darla.

-¿Usted cree que la Cámara de Diputados debiera formar una comisión investigadora?

-Sin duda. En el momento de las responsabilidades, es necesario que exista una comisión investigadora. Pero no sólo que vea eso, sino que también aporte propuestas de soluciones porque aquí, claramente, se han visto todos los fenómenos: por un lado, una norma que se ve sobrepasada y, por otro, un estándar distinto en diferentes sectores de la ciudad. //LND