La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) advirtió que no cuenta con los recursos para implementar el proyecto de ley que prohíbe al comercio la entrega de bolsas plásticas en 102 comunas costeras, firmado el jueves pasado por la Presidente Michelle Bachelet.
Al respecto, el presidente de la AChM, Felipe Delpín, indicó que esta ley es totalmente necesaria, pues es un pequeño pero valioso aporte para el cuidado del medio ambiente, sin embargo, “el proyecto también debe incluir el financiamiento de estas obligaciones, pues los municipios no contamos con los recursos que implica llevarlas a cabo”.
Para Delpín “esta ley es una muy buena iniciativa porque implicará que tomemos conciencia, un cambio cultural. De hecho, en varios municipios ya han implementado esta acción, como en Pirque y Curacaví”.
“Estamos todos de acuerdo en que es un avance pequeño pero significativo, pero los municipios tenemos que hacernos cargo de la fiscalización, y dinero para contratar al personal correspondiente, no hay”, añadió.
El alcalde de La Granja, además, señaló que “ningún proyecto de ley debería ser aprobado sin que éste no cuente con el financiamiento correspondiente. Muchos municipios deben hacer malabares para, con los recursos que tienen actualmente, lograr cumplir con todas las obligaciones que de por sí están establecidas”.
Además, insistió en que “el proyecto de ley se analice como corresponde, que tengan en consideración todas las aristas para que esta no sea una ley muerta, como muchas otras que no somos capaces de concretar, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos”.
Al respecto, el presidente de la AChM, Felipe Delpín, indicó que esta ley es totalmente necesaria, pues es un pequeño pero valioso aporte para el cuidado del medio ambiente, sin embargo, “el proyecto también debe incluir el financiamiento de estas obligaciones, pues los municipios no contamos con los recursos que implica llevarlas a cabo”.
Para Delpín “esta ley es una muy buena iniciativa porque implicará que tomemos conciencia, un cambio cultural. De hecho, en varios municipios ya han implementado esta acción, como en Pirque y Curacaví”.
“Estamos todos de acuerdo en que es un avance pequeño pero significativo, pero los municipios tenemos que hacernos cargo de la fiscalización, y dinero para contratar al personal correspondiente, no hay”, añadió.
El alcalde de La Granja, además, señaló que “ningún proyecto de ley debería ser aprobado sin que éste no cuente con el financiamiento correspondiente. Muchos municipios deben hacer malabares para, con los recursos que tienen actualmente, lograr cumplir con todas las obligaciones que de por sí están establecidas”.
Además, insistió en que “el proyecto de ley se analice como corresponde, que tengan en consideración todas las aristas para que esta no sea una ley muerta, como muchas otras que no somos capaces de concretar, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos”.
