El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha anunciado una amplia agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana. El paquete incluye 19 nuevas iniciativas legales -propias de la plataforma programática de la coalición hoy en el gobierno-, indicaciones a textos ya en trámite en el Congreso y urgencias a otros. En este contexto, el Mandatario ha subrayado que la lucha contra el delito debe constituir una política de Estado y no un ámbito de confrontación entre oficialismo y oposición. A partir de esta convicción, el Ejecutivo ha considerado también proposiciones de sectores de la Concertación.

El bloque de acciones considera, entre otras, modificar el régimen de penas en libertad y de prisión preventiva -haciéndolo más riguroso y restrictivo-, aumento del castigo de robo por sorpresa ("lanzazos"), dotar de mayor flexibilidad la función investigativa de las policías, introducir el sistema de brazaletes para vigilar el uso correcto de las libertades, y crear un registro de prófugos; en el campo del orden público se postula acelerar la norma que sanciona los encapuchados en manifestaciones callejeras, regular el cierre de calles y pasajes y reglamentar las empresas de seguridad privada.

A nivel preventivo se plantea endurecer la entrega de licencia de conducir a adolescentes involucrados en delitos bajo influencia de alcohol o drogas y rigidizar la penalidad a quienes manejen en estado de ebriedad. El abanico de medidas se complementa con dos reformas institucionales: la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública -enmienda que procede del anterior gobierno y que está en estudio en una comisión mixta bicameral- y la modificación a la Constitución que establece el derecho a defensoría para las víctimas, cuestión donde se ha producido un interesante debate jurídico-técnico acerca de su efectividad y su relación con las atribuciones propias del Ministerio Público.

Si bien la agenda que ha organizado el Ejecutivo contiene disposiciones que en términos generales representan los intereses de distintos sectores -motivo por el cual el Presidente ha hablado de una "alianza estratégica" entre el gobierno, el Legislativo, las fuerzas policiales y la sociedad civil-, algunos expertos han advertido sobre omisiones o insuficiencias, lo que constituye una diferencia de apreciación que deberá resolverse en el Congreso. También podría mencionarse un déficit preventivo, aunque cabe suponer que esta dimensión del problema será absorbida en el inminente Plan Maestro de Seguridad Ciudadana.

Con todo, los anuncios de la semana pasada forman un mecanismo distinto de enfrentar la lucha antidelincuencia a la ensayada hasta ahora y que resulta coherente con un nuevo enfoque del problema. Una de las razones que explica la victoria de la Coalición por el Cambio fue su oferta de reducir los índices de delitos. Este contrato con la población desde luego será uno de los factores de medición de la gestión gubernamental. En este sentido, disminuir la percepción de impunidad es un elemento clave.