El American Council of Life Insurers, gremio de aseguradoras de Estados Unidos, se pronunció por el proyecto de un cuarto retiro a los fondos previsionales que actualmente está siendo tramitado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La organización ya se había pronunciado en mayo pasado por la aprobación del primer retiro de los fondos de las rentas vitalicias, que fue tramitado junto al tercer retiro del 10% de las AFP.

En ese momento hubo reacciones contradictorias desde el Gobierno. Mientras que el canciller Andrés Allamand aseguró que iba a “defender el interés del país”, su par de Economía, Lucas Palacios, aseguró que en el Ejecutivo concordaban con las compañías estadounidenses y que el retiro a las rentas vitalicias se trata “de una expropiación”.

Ahora surgieron cartas de advertencia. Según informó La Tercera, Brad Smith, director internacional de ACLI, gremio que agrupa a compañías como Metlife, Principal y Ohio, acusó que “el nuevo proyecto de ley que está en el Congreso chileno socavará aún más a los chilenos, especialmente a las mujeres, que están tratando de asegurar el futuro financiero de sus familias. Instamos a los miembros del Congreso chileno a oponerse a esta medida y tomar acciones para fortalecer la seguridad de jubilación de los consumidores”.

Además, la presidenta y CEO de ACLI, Susan Neely, pidió al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se pronuncie por la materia. También exigió la pronunciación del G20 y del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), advirtiendo que se estarían rompiendo los compromisos de Chile con la OCDE.

Neely acusó en una carta dirigida a la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, “sobre el deterioro del estado de derecho y la estabilidad de las inversiones de largo plazo en Chile ACLI apoya estos comentarios y pediría al Departamento del Tesoro que considere cómo el FSB y el G20 pueden abordar este riesgo emergente para los objetivos del G20”.

“El desfinanciamiento de activos de pensiones privadas adoptado recientemente y actualmente en implementación, y la violación de la irrevocabilidad de los contratos de rentas vitalicias, son fundamentalmente inconsistentes con los compromisos de Chile con la OCDE, y violan directamente la protección del consumidor y la estabilidad financiera y del mercado dispuestas por los estándares internacionales reconocidos por el FSB”, añadió la declaración.

Asimismo, señaló que “el impacto micro y macroeconómico perjudicará a nuestros consumidores y esperamos que se detenga la tendencia negativa del desfinanciamiento, pero solicito la consideración de su Departamento sobre cómo Estados Unidos puede respaldar la seguridad del modelo del sistema de pensiones de capitalización chileno frente al desfinanciamiento y la expropiación”.

También remarcó que “estas acciones han sido rechazadas por el regulador chileno, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Chile y la OCDE”.

“Buscaremos movilizar a las otras instituciones internacionales donde EEUU tiene acciones para respaldar la supervisión prudencial, como lo exige el G20 y lo monitorea el FSB y el FMI. Si el Departamento pudiera facilitar elevar este problema como incompatible con los estándares internacionales, esperamos que la atención internacional pueda frenar un mayor desfinanciamiento y respaldar la supervisión prudencial para proteger a los consumidores y la estabilidad financiera”, complementa.

Finalmente, la carta acusó que “estas acciones están perjudicando desproporcionadamente a la clase media y a las mujeres en la seguridad de su jubilación, y creemos que está justificado elevar esto al G20, por lo que apoyamos el compromiso de la Federación Global de Asociaciones de Seguros”.

OTRAS DOS CARTAS

Dicha misiva fue adjuntada a Randal Quarles, presidente del FSB y a Ignazio Visco, gobernador del Banco Central de Italia y miembro del G20.

No fue el único documento que Quarles y Visco recibieron sobre el tema. El presidente de la Federación Global de las Asociaciones de Seguros (GFIA), Don Forgeon, les envío a ambos una carta bajo el asunto: “Importancia de la continuidad de los sistemas nacionales de pensiones autofinanciados – desfinanciamiento de los ahorros privados para la jubilación en Chile”.

En el mensaje dirigido a Quarles, Forgeon indica que “los sistemas de pensiones privados desempeñarán un papel fundamental en la recuperación de la pandemia en curso, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Por ello, y debido a las presiones políticas actuales y cada vez mayores sobre los sistemas de pensiones privados en varios mercados, le pedimos que incluya declaraciones sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en sus recomendaciones a la presidencia italiana del G20″.

Mientras, la carta dirigida a Visco -con características similares a la enviada a Quarles-, consignó que “si bien apreciamos los esfuerzos ya realizados por el FSB en este sentido, deseamos llamar su atención sobre las acciones continuas del gobierno de Chile que ha desfinanciado los fondos para la jubilación privada de casi cinco millones de trabajadores chilenos en un esfuerzo por abordar la tensión económica de la pandemia. Esto viola la inviolabilidad de los contratos de rentas vitalicias sin justificación prudencial”.

“Las decisiones políticas en Chile han sacrificado aún más el estado de derecho y la estabilidad del mercado de capitales en la búsqueda de soluciones oportunas a las presiones económicas provocadas por la pandemia. Estas acciones van en contra de los principios del FSB que sustentan las medidas tomadas por el sector oficial para manejar el shock económico del covid-19”, añadió.

“Por lo tanto, instamos al FSB a enfatizar la importancia de los sistemas de pensiones que están respaldados por capital privado en sus sugerencias de políticas para las recomendaciones de la cumbre del G20. Las sugerencias específicas a este respecto permitirían a la presidencia italiana del G20 examinar el papel que podría desempeñar la acumulación de activos de capital a largo plazo para facilitar la recuperación de la pandemia de covid-19″, recalcó.

Finalmente, el comunicado instó a “a plantear estos temas entre los miembros del Grupo Consultivo Regional para las Américas (Regional Consultative Group for the Americas, que es parte del FSB), donde Chile es activo, para resaltar el daño a la estabilidad financiera de Chile, la protección de la integridad del mercado y la protección al consumidor, y posibles golpes por efectos en la región”.