Luego que este lunes la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) iniciara el concurso de otorgamiento o renovación de hasta 12 concesiones que quedarán disponibles en el país entre el 29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) anunció acciones legales contra el Estado, por considerar que no se está respetando su derecho preferente para prorrogar sus permisos por 15 años.

Mediante un comunicado, la ACCJ informó que “a los operadores de casinos no nos queda otra opción que iniciar acciones legales para defender nuestros derechos, lo que derivará en demandas contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, como el Ciadi, y tribunales nacionales y sus autoridades”.

Pese a que junto al inicio del proceso de licitación, la subsecretaría de Hacienda anunció una fase de diálogo con los actores involucrados, la agrupación de casinos advirtió que “no están dadas las condiciones para sentarse a conversar, mientras exista un proceso de licitación ilegal en curso”.

“Esta ruta trazada por la superintendencia y respaldada por la subsecretaría de Hacienda tiene consecuencias muy negativas para nuestro sector. El llamado a conversar mientras se desarrolla el proceso licitatorio, que es un plazo breve, genera sin lugar a dudas una incerteza jurídica que pone en riesgo los US$ 1.400 millones de inversión y miles de empleos que hemos aportado en los últimos 15 años”, añadieron.

“Rechazamos de manera categórica el actuar de la Superintendencia de Casinos de Juego, que persiste en un actuar que atenta contra la ley vigente y que está siendo avalado por la subsecretaría de Hacienda, pese a que se ha señalado la gravedad en la ilicitud en su proceder”, agregó.

Acusan que la resolución es “claramente ilegal”, ya que la superintendenta, Vivien Villagrán, “aplica las normas fijadas en la ley de 2015, lo que contraviene la normativa dado que esa misma legislación señala expresamente que ‘los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación’”.

Según el gremio de concesionarios de casinos, su denuncia está respaldada “por expertos, ex autoridades del sector y parlamentarios, pero lamentablemente la SCJ ha insistido en este camino errado, presionando indebidamente al sector”.

“Nos llama la atención que la subsecretaría de Hacienda, organismo del cual depende la superintendencia, no haya instruido a la entidad técnica que enmiende el rumbo y, por el contrario, avale un proceso que no respeta la ley vigente”, concluyeron.