La Asociación de Fiscales criticó, a través de un comunicado al fiscal nacional, Jorge Abbott, luego que él admitiera, en una entrevista que CHV, que se reunió, antes de asumir el cargo, con parlamentarios mientras eran investigados por el Caso SQM
“Respecto a la imposibilidad de continuar con las investigaciones en contra del exministro Rodrigo Peñailillo y otros investigados, compartimos las afirmaciones del fiscal nacional sobre la urgente necesidad de que se realicen modificaciones a la legislación tributaria y electoral para efectos de que el Ministerio Público pueda sostener la acción penal de ese tipo de delitos sin tener que esperar la denuncia o querella por parte de los respectivos servicios públicos”, comenzó el escrito.
Pero el punto de discordia siguen siendo las cuestionadas reuniones. En la entrevista, Abbot reconoció que incluso recibió en su propia casa, al actual vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, quien en ese momento era investigado por el caso SQM junto a sus hijos.
“En referencia a las reuniones sostenidas por el fiscal nacional con senadores previo a su elección (…) reiteramos lo señalado por el gremio en su oportunidad, esto es considerar que dichas reuniones no eran convenientes ya que afectaban la transparencia que necesariamente debe rodear la elección de este cargo”, remarcó el comunicado.
“Respecto a la reunión que el fiscal nacional sostuvo con el entonces senador Hernán Larraín, para efectos de tratar temas relacionados con la investigación que se seguía en contra del senador Iván Moreira. Considerando que esta reunión fue solicitada por parte del actual ministro de Justicia, quedando constancia de la misma en la agenda pública del fiscal nacional y teniendo en cuenta que el contenido de la misma ha sido referido en diversas ocasiones por parte de los involucrados, manifestamos que si bien no existe reproche formal por parte de este gremio a dicha reunión, nos parece cuestionable que el Ministerio Público haya ofrecido una suspensión condicional a un senador ya desaforado por delitos cometidos precisamente en el contexto de su elección en el cargo de parlamentario”, agregaron.
“Por lo mismo, y más allá de que la legislación lo hubiera permitido, emplazamos a las autoridades que participaron en dicha decisión, para que expliquen a la ciudadanía las razones por las cuales la institución otorgó esta salida alternativa, evitando con ello continuar con la persecución penal de un imputado confeso”, subrayaron.
Finalizando el texto, los fiscales pidiero a la Convención Constitucional mejorar la institucionalidad del Ministerio Público para evitar este tipo de conflictos y que consideren su propuesta al respecto al escribir la nueva Carta Fundamental.
“El gremio, apoyado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, elaboró una serie de propuestas que apuntan precisamente a fortalecer los niveles de autonomía, independencia y transparencia necesarios para que la ciudadanía pueda confiar en un sistema de justicia que ha permitido, como nunca antes en la historia de nuestra República, investigar y perseguir penalmente la corrupción cometida por empresarios, políticos y altos mandos de instituciones militares y policiales”, completaron el escrito.
