. Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación, U.Central.
El proyecto de ley Aula Segura tambalea. Aunque el Gobierno lo empuje y lo vista de “urgente”, la Comisión de Educación del Senado la aprobó con muchas modificaciones. Esta última ha citado a casi 50 expertos para conocer su opinión y buscar los argumentos necesarios que validen la “tremenda” responsabilidad que los directores de colegios tendrán que asumir.
¿Por qué someterlos a ser jueces, frente a una situación que puede llegar a ser hasta subjetiva? ¿Se podrá llevar a cabo en tan pocos días como lo propone el proyecto?
Mi experiencia me obliga a sostener que los problemas en educación no se resuelven de esta manera. Por ejemplo, naciones como Canadá han logrado solucionar este conflicto por medio de la intervención social, incorporando la opinión de los profesores como actores clave y a la vez, implementando estrategias de diálogo entre los distintos actores que participan de la comunidad escolar.
Somos un país resiliente, hace años dijimos que no al estado de represión y a la vulneración de nuestros Derechos Humanos. Sin embargo, persisten los discursos de algunos compatriotas que sugieren expulsar, infiltrar a carabineros en los colegios o señalar que a todos hay que “meterlos presos”.
¿Por qué la Superintendencia de Educación no fiscaliza la implementación de los planes de convivencia escolar y sus respectivos reglamentos con fines formativos? Actualmente, se preocupa más de chequear si los colegios cuentan o no con este instrumento, olvidando entregar sugerencias y acompañamiento a los colegios en esta materia.
Si queremos hablar de calidad y equidad en educación en Chile, es crucial que nos preocupemos en distribuir los recursos en planes de mejora en convivencia escolar, sumando a toda la comunidad: directivos, docentes, estudiantes, apoderados, carabineros, municipios, etc.
En ningún caso avalo la transgresión a nuestros directivos, profesores y estudiantes de los establecimientos del país, sin duda, el uso de armas debe ser penado por ley. Necesitamos sentarnos a dialogar con los dirigentes estudiantiles, siempre y cuando sean alumnos de los colegios, y no vándalos externos a la comunidad educativa; esta medida podría ser cliché o poco efectiva, pero creo que así enseñamos hoy en el hogar y la escuela, donde muchos de los graves problemas se solucionan conversando y poniendo en común los acuerdos y desacuerdos.
. Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación, U.Central.
El proyecto de ley Aula Segura tambalea. Aunque el Gobierno lo empuje y lo vista de “urgente”, la Comisión de Educación del Senado la aprobó con muchas modificaciones. Esta última ha citado a casi 50 expertos para conocer su opinión y buscar los argumentos necesarios que validen la “tremenda” responsabilidad que los directores de colegios tendrán que asumir.
¿Por qué someterlos a ser jueces, frente a una situación que puede llegar a ser hasta subjetiva? ¿Se podrá llevar a cabo en tan pocos días como lo propone el proyecto?
Mi experiencia me obliga a sostener que los problemas en educación no se resuelven de esta manera. Por ejemplo, naciones como Canadá han logrado solucionar este conflicto por medio de la intervención social, incorporando la opinión de los profesores como actores clave y a la vez, implementando estrategias de diálogo entre los distintos actores que participan de la comunidad escolar.
Somos un país resiliente, hace años dijimos que no al estado de represión y a la vulneración de nuestros Derechos Humanos. Sin embargo, persisten los discursos de algunos compatriotas que sugieren expulsar, infiltrar a carabineros en los colegios o señalar que a todos hay que “meterlos presos”.
¿Por qué la Superintendencia de Educación no fiscaliza la implementación de los planes de convivencia escolar y sus respectivos reglamentos con fines formativos? Actualmente, se preocupa más de chequear si los colegios cuentan o no con este instrumento, olvidando entregar sugerencias y acompañamiento a los colegios en esta materia.
Si queremos hablar de calidad y equidad en educación en Chile, es crucial que nos preocupemos en distribuir los recursos en planes de mejora en convivencia escolar, sumando a toda la comunidad: directivos, docentes, estudiantes, apoderados, carabineros, municipios, etc.
En ningún caso avalo la transgresión a nuestros directivos, profesores y estudiantes de los establecimientos del país, sin duda, el uso de armas debe ser penado por ley. Necesitamos sentarnos a dialogar con los dirigentes estudiantiles, siempre y cuando sean alumnos de los colegios, y no vándalos externos a la comunidad educativa; esta medida podría ser cliché o poco efectiva, pero creo que así enseñamos hoy en el hogar y la escuela, donde muchos de los graves problemas se solucionan conversando y poniendo en común los acuerdos y desacuerdos.
. Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación, U.Central.
