El titular de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, descartó responsabilidad de la judicatura en la protección de las víctimas, ante emplazamiento formulado por el Presidente Sebastián Piñera, recordando que los jueces están para custodiar el principio de inocencia y el debido proceso.

El presidente del máximo tribunal del país se refirió de esta forma al llamado que hizo el gobernante a los magistrados en cuanto a que “apliquen la ley con seguridad y que piensen primero en los inocentes que han sido víctimas de un delito”, en la ceremonia para promulgar las leyes de registro de prófugos y brazalete electrónico.

Ballesteros dijo que los magistrados “deben también tener muy presente que la Constitución Política de la República establece un derecho de garantía que es el principio de inocencia, esto no significa que los jueces dejen de lado o se olviden de las víctimas, los jueces naturalmente tienen presente a las víctimas en la situación que ellas quedan. En todo caso debemos recordar que la protección de las víctimas corresponde a otro organismo que no es el Poder Judicial”.

MODELO EXITOSO

Sobre ese punto, Ballesteros agregó que “los jueces tienen obligación de cautelar el debido proceso y el principio de inocencia, sin los cuales no tendríamos un proceso penal que ha sido exitoso en Iberoamérica” y ante la consulta si estos dichos incomodan, el juez resaltó que “es una apreciación del señor Presidente, el puede tener su propia opinión y los demás ciudadanos pueden tener también la misma u otra”.

Respecto a la oportunidad de las declaraciones del mandatario, Ballesteros apuntó que “las declaraciones en si no me parecen extraordinarias ni nada. El Presidente de la República tiene el derecho a preocuparse de todas las actividades que se realizan en la nación, sean estás tan importante y trascendentes como las judiciales o cualquiera otra”.

Ballesteros, además, destacó que “los jueces actúan con el mayor rigor. La Corte Suprema no tiene ninguna duda al respecto y este presidente tampoco”.

Sobre el trabajo de los magistrados, agregó que “de acuerdo al mérito de los antecedentes que reciben de los organismo que deben hacer la investigación y de las partes querellantes, cuando piden diligencias, son los que deben analizar si aquellos son suficientes para tener por comprobada la existencia de un delito, y luego, un elemento muy difícil de comprobar, que se determina la participación, quien o quienes cometieron delito y en qué grado participaron”.

Por lo anterior, el magistrado descartó que los dichos del jefe de Estado puedan ser considerados una presión hacia el Poder Judicial.

CHAHUÁN NO COMENTA

Por su parte, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, afirmó que el Ministerio Público ha hecho contundentes reformas en la atención y protección a las víctimas, respondiendo a las responsabilidades constitucionales que rigen a la Fiscalía de Chile. De esta forma, desestimó los últimos cuestionamientos a la labor del Ministerio Público emitidos por el Poder Ejecutivo. 

“No es prudente que la Fiscalía haga comentarios sobre ellas. Nosotros tenemos una responsabilidad constitucional respecto de las víctimas y hemos hecho profundas reformas en su atención y estamos día a día en ello. Es todo lo que corresponde que diga sobre este tema”, sostuvo Chahuán al término de una ceremonia de despedida de la ministra de la Corte Suprema Sonia Araneda.