El próximo martes 26 de septiembre está convocada por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) una reunión urgente con los municipios más afectados por las demandas y que ya se encuentran en distintos procesos judiciales, en el marco del pago del bono proporcional a los profesores de colegios municipales.
El objetivo es generar un plan de acción para resolver el conflicto con el Magisterio, que tiene agobiados a varios municipios que no cuentan con el presupuesto necesario para poder cancelar dicho bono, situación que se ha judicializado e incluso ha provocado que algunos alcaldes, como Marcos López de Copiapó, fuesen arrestados.
Es por eso que para la AChM esta reunión es muy importante, como lo adelantó para La Nación Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado y presidente de la comisión de Educación de dicha asociación, quien detalló que los objetivos de la cita son “en primer término queremos precisar bien cuáles son los casos más complejos, precisar bien la información de los municipios que ya han perdido los juicios y los que están en marcha o que recién fueron demandados. Luego, generar un plan de acción de aquí a final de año para que podamos tener alguna luz, particularmente en los municipios que han perdido los juicios; conversar con el Ejecutivo respecto a alternativas de financiamiento que son más o menos conocidas, como anticipo de subvención o del Fondo Común Municipal para poder hacerse cargo del problema, y eso tiene que ver con anticipos blandos que sean a largo plazo, no a un año, por cierto”.
¿Hay vías de solución a este conflicto?
– Evidentemente son difíciles, nosotros sabemos que es complejo. La solución más directa es que los parlamentarios hagan una ley corta, porque como han interpretado esta ley los tribunales ha sido desfavorable para los municipios. A pesar de que está claramente demostrado que los recursos se han ido cancelando como corresponde, y es imposible pensar que no se hayan cancelado si el 100% de la subvención regular que reciben los municipios no alcanza siquiera a pagar las remuneraciones de los profesores, sino que más bien son subvencionados por los municipios. Entonces, hay que explorar alguna solución para aquellos municipios que han perdido los juicios, ya que ahí no hay vuelta atrás. En esos casos ojalá el Estado o el Ministerio de Educación vaya en auxilio de estos municipios. Nosotros no tenemos la receta, pero sí planteamos que es necesario que finalmente se haga cargo el Estado de este tema o sino todos los municipios van a terminar muriendo, porque el desfinanciamiento es progresivo. Si los municipios tienen que sacar estos recursos, que son recursos muy cuantiosos, finalmente dejan de hacer otras cosas y quien se perjudica es la población.
¿Ha habido acercamientos con el Ejecutivo y con el Legislativo sobre este tema?
– Hemos conversado, nos citaron a la comisión de Educación hace unas semanas atrás, los diputados se mostraron muy preocupados, sin embargo no hay disposición para hacer una ley corta. Es evidente, estamos ad portas de una elección parlamentaria y presidencial, por lo tanto no hay ningún parlamentario que diga ‘yo quiero hacer una ley corta’, porque se va a mirar como que quiere perjudicar a los profesores. Ahora, en justicia debiera ser así, porque no se puede pagar algo dos veces.
Pero, ¿cómo revertir la situación cuando ya la Corte Suprema falló a favor de los profesores?
– Estamos en conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado, los municipios que han sido demandados últimamente han sido asesorados por el CDE, tenemos expectativas en eso, creemos que varios de los juicios lo vamos a ganar, pero otros no. Pensamos que de aquí en adelante lo que el CDE aborde, eso municipios podrán ganar el juicio.
¿Cuáles son las comunas que están más complicadas o comprometidas?
– Tenemos varias comunas que están comprometidas, por ejemplo Calama está bien complicada, en Copiapó también donde el alcalde estuvo detenido por este tema. Pero son distintos montos. Ahora cuando uno habla de, por ejemplo, un monto de 500 millones de pesos, puede que sea abordable para algunos, pero hay que pensar en comunas donde el presupuesto alcanza los 3 mil millones de pesos, por lo tanto es significativo. Va a depender mucho, más allá del monto, de cuál es el presupuesto que tiene la comuna para saber si es un problema o no para el municipio.
Se habla que el monto total de los recursos comprometidos ronda los 500 mil millones de pesos…
– Claro, si todos los juicios se perdieran y si todos los municipios fuesen demandados, que por ahora no es así, pero la cosa va para allá.
¿Y eso equivale a cuánto del presupuesto total que tienen los municipios?
– El dato que yo puedo entregar es que 500 mil millones de pesos significa al menos 2,5 veces de lo que entregan los municipios anualmente al sector educación.
¿Han tenido conversaciones con el Colegio de Profesores?
– No directamente. El Magisterio tiene su posición, que obviamente se respeta, pero ellos defienden una posición bastante extraña. Dicen que en verdad esto es algo que se debe, a pesar de que yo creo que el sentimiento íntimo que ellos tienen es que esto ya está cancelado y que es imposible que el municipio lo pueda pagar dos veces. Pero finalmente ahí hay otro tipo de situación. Por ejemplo, abogados que buscan una oportunidad y por lo tanto en este caso les está resultando, pero en desmedro de la mayoría.
El objetivo es generar un plan de acción para resolver el conflicto con el Magisterio, que tiene agobiados a varios municipios que no cuentan con el presupuesto necesario para poder cancelar dicho bono, situación que se ha judicializado e incluso ha provocado que algunos alcaldes, como Marcos López de Copiapó, fuesen arrestados.
Es por eso que para la AChM esta reunión es muy importante, como lo adelantó para La Nación Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado y presidente de la comisión de Educación de dicha asociación, quien detalló que los objetivos de la cita son “en primer término queremos precisar bien cuáles son los casos más complejos, precisar bien la información de los municipios que ya han perdido los juicios y los que están en marcha o que recién fueron demandados. Luego, generar un plan de acción de aquí a final de año para que podamos tener alguna luz, particularmente en los municipios que han perdido los juicios; conversar con el Ejecutivo respecto a alternativas de financiamiento que son más o menos conocidas, como anticipo de subvención o del Fondo Común Municipal para poder hacerse cargo del problema, y eso tiene que ver con anticipos blandos que sean a largo plazo, no a un año, por cierto”.
¿Hay vías de solución a este conflicto?
– Evidentemente son difíciles, nosotros sabemos que es complejo. La solución más directa es que los parlamentarios hagan una ley corta, porque como han interpretado esta ley los tribunales ha sido desfavorable para los municipios. A pesar de que está claramente demostrado que los recursos se han ido cancelando como corresponde, y es imposible pensar que no se hayan cancelado si el 100% de la subvención regular que reciben los municipios no alcanza siquiera a pagar las remuneraciones de los profesores, sino que más bien son subvencionados por los municipios. Entonces, hay que explorar alguna solución para aquellos municipios que han perdido los juicios, ya que ahí no hay vuelta atrás. En esos casos ojalá el Estado o el Ministerio de Educación vaya en auxilio de estos municipios. Nosotros no tenemos la receta, pero sí planteamos que es necesario que finalmente se haga cargo el Estado de este tema o sino todos los municipios van a terminar muriendo, porque el desfinanciamiento es progresivo. Si los municipios tienen que sacar estos recursos, que son recursos muy cuantiosos, finalmente dejan de hacer otras cosas y quien se perjudica es la población.
¿Ha habido acercamientos con el Ejecutivo y con el Legislativo sobre este tema?
– Hemos conversado, nos citaron a la comisión de Educación hace unas semanas atrás, los diputados se mostraron muy preocupados, sin embargo no hay disposición para hacer una ley corta. Es evidente, estamos ad portas de una elección parlamentaria y presidencial, por lo tanto no hay ningún parlamentario que diga ‘yo quiero hacer una ley corta’, porque se va a mirar como que quiere perjudicar a los profesores. Ahora, en justicia debiera ser así, porque no se puede pagar algo dos veces.
Pero, ¿cómo revertir la situación cuando ya la Corte Suprema falló a favor de los profesores?
– Estamos en conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado, los municipios que han sido demandados últimamente han sido asesorados por el CDE, tenemos expectativas en eso, creemos que varios de los juicios lo vamos a ganar, pero otros no. Pensamos que de aquí en adelante lo que el CDE aborde, eso municipios podrán ganar el juicio.
¿Cuáles son las comunas que están más complicadas o comprometidas?
– Tenemos varias comunas que están comprometidas, por ejemplo Calama está bien complicada, en Copiapó también donde el alcalde estuvo detenido por este tema. Pero son distintos montos. Ahora cuando uno habla de, por ejemplo, un monto de 500 millones de pesos, puede que sea abordable para algunos, pero hay que pensar en comunas donde el presupuesto alcanza los 3 mil millones de pesos, por lo tanto es significativo. Va a depender mucho, más allá del monto, de cuál es el presupuesto que tiene la comuna para saber si es un problema o no para el municipio.
Se habla que el monto total de los recursos comprometidos ronda los 500 mil millones de pesos…
– Claro, si todos los juicios se perdieran y si todos los municipios fuesen demandados, que por ahora no es así, pero la cosa va para allá.
¿Y eso equivale a cuánto del presupuesto total que tienen los municipios?
– El dato que yo puedo entregar es que 500 mil millones de pesos significa al menos 2,5 veces de lo que entregan los municipios anualmente al sector educación.
¿Han tenido conversaciones con el Colegio de Profesores?
– No directamente. El Magisterio tiene su posición, que obviamente se respeta, pero ellos defienden una posición bastante extraña. Dicen que en verdad esto es algo que se debe, a pesar de que yo creo que el sentimiento íntimo que ellos tienen es que esto ya está cancelado y que es imposible que el municipio lo pueda pagar dos veces. Pero finalmente ahí hay otro tipo de situación. Por ejemplo, abogados que buscan una oportunidad y por lo tanto en este caso les está resultando, pero en desmedro de la mayoría.
