"Lo primero que se debe tener conciencia es que no es un problema entre el agresor y la víctima, sino que tiene que ver con el colegio en su totalidad, incluidos los apoderados", dice Jaime Retamal. "Está demostrado que si toda la comunidad educativa no asume el compromiso de educación para la paz y una convivencia democrática las medidas que se tomen tendrán  poco impacto", afirma.

Los tres expertos concuerdan que el Mineduc debe incentivar la formación en 3 niveles: incorporar en las mallas de pedagogía la formación socio-afectiva; capacitar a los profesores en ejercicio porque "siguen mucho su sentido común y no tienen herramientas técnicas de comprensión del fenómeno"; y trabajar en un programa de perfeccionamiento para los directores, actores relevantes en este fenómeno.

"El liderazgo del director junto con el equipo docente son los primeros que deben intervenir en estas situaciones, y para eso tienen que estar preparados", asegura el académico de la UDP, Ernesto Treviño.

"Es un cambio de paradigma, la escuela chilena no tiene conocimientos ni una postura formativa frente al tema convivencia. Los profesores deberían aplicar sanciones formativas, donde los niños agresores reflexionen sobre por qué estuvo mal su acción y aprendan a reparar el daño que hicieron", indica la directora del Programa de Convivencia Escolar Valoras UC.

Jaime Retamal, también miembro de la comisión de expertos que colabora en la elaboración del proyecto de Ley de Convivencia Escolar que se ve en la Cámara de Diputados, concuerda con este enfoque y explica que la primera redacción de la iniciativa legal "fue muy violenta, sólo promovía más sanciones y castigos". Y añade que ahora se  trabaja con una mirada "más global respecto al fenómeno de la violencia escolar y no quedarse sólo en el castigo y las multas al colegio".