Por 60 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión que investigó la participación de organismos públicos en la explotación de litio.

Luego de un acabado análisis del informe de casi 400 páginas, la instancia determinó que hubo faltas desde el punto de vista de la responsabilidad de los distintos servicios, donde no se fiscalizó adecuadamente el contrato suscrito entre Corfo, SQM y Rockwood.

La comisión indagó una serie de irregularidades referidas a la explotación por agentes privados del Salar de Atacama, localizado en la Región de Antofagasta, donde se sitúa una de las reservas más importantes del litio en el mundo.

Dichas irregularidades tenían como eje central un conjunto de contratos celebrados por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM), a través de otras empresas filiales, relacionadas o coligadas, antecesoras y sucesoras, para la explotación de un conjunto de pertenencias mineras denominadas OMA, cuyo titular es el Estado de Chile a través de la Corfo, sobre el denominado Salar de Atacama.

En cuanto al contrato de Rockwood, se plantea que es la Contraloría la que tiene que hacer su trabajo finamente, entendiendo que los documentos también presentarían problemas de alta complejidad.

Entre otras materias, la comisión propone que se requiera de manera urgente al Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que en ejercicio de sus facultades legales, revise las actividades de exportación de las salmueras que viene practicando SQM desde 2007, a la luz de las disposiciones de su Acuerdo N° 1576, de 1995, y constate la ilicitud de dicha actividad comercial.

Según se publicó en el sitio web de la Cámara Baja, “La instancia investigadora concluyó que Corfo, en relación a las pertenencias mineras del Salar de Atacama, no ha podido, ni puede ni podrá, comportarse como si fuera un particular que se encuentra facultado para actuar arbitrariamente sobre las cosas que es dueño sin rendirle cuentas a nadie; sino que ella debe someter la administración y disposición que haga de los bienes que ha adquirido e incorporado al dominio público, a las finalidades públicas de la institución y al interés general de la nación”.

Por ello, la comisión sostuvo que el proyecto para el Salar de Atacama reconoce en su origen o en su gestación (su licitación y adjudicación por Corfo durante el año 1983) una manifestación tangible del Estado de Chile de ese interés público de procurar el fomento de la producción e industria nacional sobre determinadas sustancias, incluyendo el litio.

“De este modo, la comisión concluye que el proyecto para la explotación del Salar de Atacama es, en estricto rigor, de propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, quien ha invitado y finalmente se asoció a una empresa privada que garantizaba la mejor administración de dicho proyecto y su ejecución conforme a los más altos estándares posibles“, afirma el documento.