El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas de Derechos Humanos, Mario Carroza, dictó acusación en contra miembros del Ejército en retiro, incluido Juan Emilio Cheyre, por su responsabilidad como autores y cómplices de los homicidios de 15 personas en el episodio La Serena del denominado caso Caravana de la Muerte.
“Se dictó acusación contras todas aquellas personas que estaban ya procesadas con anterioridad, entre esos estaba el general” Cheyre, dijo Carroza.
Agregó que “hoy se le ha trasladado a los querellantes y posteriormente presentarán sus defensas las personas a las cuales se ha dictado acusación. Una vez que ellos ya se defiendan, entonces vendrá la parte de la prueba y la sentencia definitiva que yo tengo que dictar y donde tendré que hacerme cargo de todos los argumentos de la defensa”, explicó.
“En una de las etapas de esta acción ilícita, en horas de la mañana, del día 16 de octubre de 1973, el general Arellano arriba a la ciudad de La Serena en un helicóptero “Puma” del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Gallardo, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González, y luego de bajar sostiene reunión con el Primer Comandante del Regimiento de Artillería N°2 Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión”, indica la indagatoria.
“Para la cual requiere del fiscal militar Manuel Adolfo Cazanga Pereira (fallecido) los procesos militares donde figuraban prisioneros políticos y a continuación selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. A fin de dar cumplimiento a esa decisión, un contingente del Ejército en vehículos fiscales a cargo del suboficial Héctor Vallejos Birtiola (fallecido) y el sargento Luis Segundo Esteban Araos Flores, se trasladan hasta la Cárcel Pública de La Serena y retiran de la prisión a las víctimas”, se agrega.
Las 15 víctimas son trasladadas, sostiene la investigación, “sin decreto ni autorización alguna al Regimiento y a disposición de la autoridad militar de la ciudad de La Serena. Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento el detenido Oscar Gastón Aedo Herrera, a quien conducen y lo unen a los demás prisioneros, hasta el polígono de tiro de ese recinto militar”.
“Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados sin juicio previo, mediante disparos efectuados por personal del Ejército (…) a continuación y de la manera cómo ya estaba previsto, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares, acto seguido personal militar procede al traslado de sus cuerpos hasta el Cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal”, señala.
Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento resuelven publicar en los medios de comunicación “la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que tanto el Comandante del Regimiento, como su Ayudante que lo lleva a los medios de comunicación y los oficiales de dicha unidad militar, tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología”, indica la investigación.
“Se dictó acusación contras todas aquellas personas que estaban ya procesadas con anterioridad, entre esos estaba el general” Cheyre, dijo Carroza.
Agregó que “hoy se le ha trasladado a los querellantes y posteriormente presentarán sus defensas las personas a las cuales se ha dictado acusación. Una vez que ellos ya se defiendan, entonces vendrá la parte de la prueba y la sentencia definitiva que yo tengo que dictar y donde tendré que hacerme cargo de todos los argumentos de la defensa”, explicó.
LOS HECHOS SEGÚN LA INVESTIGACIÓN
La investigación logró determinar que, a raíz del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet “habría encomendado a su subalterno el general de Brigada Sergio Arellano Stark (actualmente fallecido), recorrer el país, para que acelerara los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, proceder a ejecutarles”.“En una de las etapas de esta acción ilícita, en horas de la mañana, del día 16 de octubre de 1973, el general Arellano arriba a la ciudad de La Serena en un helicóptero “Puma” del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Gallardo, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González, y luego de bajar sostiene reunión con el Primer Comandante del Regimiento de Artillería N°2 Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión”, indica la indagatoria.
“Para la cual requiere del fiscal militar Manuel Adolfo Cazanga Pereira (fallecido) los procesos militares donde figuraban prisioneros políticos y a continuación selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. A fin de dar cumplimiento a esa decisión, un contingente del Ejército en vehículos fiscales a cargo del suboficial Héctor Vallejos Birtiola (fallecido) y el sargento Luis Segundo Esteban Araos Flores, se trasladan hasta la Cárcel Pública de La Serena y retiran de la prisión a las víctimas”, se agrega.
Las 15 víctimas son trasladadas, sostiene la investigación, “sin decreto ni autorización alguna al Regimiento y a disposición de la autoridad militar de la ciudad de La Serena. Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento el detenido Oscar Gastón Aedo Herrera, a quien conducen y lo unen a los demás prisioneros, hasta el polígono de tiro de ese recinto militar”.
“Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados sin juicio previo, mediante disparos efectuados por personal del Ejército (…) a continuación y de la manera cómo ya estaba previsto, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares, acto seguido personal militar procede al traslado de sus cuerpos hasta el Cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal”, señala.
Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento resuelven publicar en los medios de comunicación “la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que tanto el Comandante del Regimiento, como su Ayudante que lo lleva a los medios de comunicación y los oficiales de dicha unidad militar, tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología”, indica la investigación.
