Como "obsoleta y descontextualizada" calificó el diputado PPD Rodrigo González la ordenanza comunal de Huechuraba que establece un castigo de prisión a los apoderados cuyos hijos registren un alto porcentaje de inasistencia sin justificación a sus colegios.

El integrante de la Comisión de Educación, junto a la concejala de Huechuraba Camila Benado y el abogado Alejandro Chamorro acudieron a la Contraloría General de la República para pedir un pronunciamiento respecto a la legalidad de la medida.

Según el parlamentario, la ordenanza "adolece de vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad manifiestos, al atribuirse de facultades y atribuciones que la ley no le da", aclarando que  esas facultades le corresponden al ministerio de Educación (Mineduc).

"El ausentismo escolar es un tema que tiene que ser tratado educativamente, no de manera represiva. Los niños tienen que ir a la escuela porque es acogedora, amable y es capaz de darles un clima escolar que los atrae, no hay educación sin motivación", señaló el diputado.

En tanto, Camila Benado comentó que la discusión va mas allá de multar o llevar a la cárcel a los padres, porque el problema es cómo realmente se hace educación en Huechuraba: "El tema del ausentismo es un problema serio de la comuna, sólo hay 6 colegios y todos con muy malos resultados pese a la inversión del municipio en educación. La realidad es que la mayoría de los niños emigran y se van a estudiar a Recoleta, al centro, Independencia o Quilicura".

Por su parte, el abogado Alejandro Chamorro explicó que "cuando un niño falta al colegio no es porque los padres quieran, es porque hay un problema. La denuncia debe ir a los tribunales de familia y no a los juzgados de policía local".  De este modo, según el jurista, "la ordenanza se equivoca en la dirección de la sanción".

Respecto a la visión de la alcaldesa Carolina Plaza, la concejala Benado denunció que con este tipo de medidas "lo que se trata es de criminalizar cada instancia de desarrollo social de la comuna" y si bien hay muchos problemas sociales, "la forma no es con más cámaras de vigilancia, ni con detectores de metales y menos llevándose presos a los padres".

El diputado González agregó que la ordenanza está cometiendo "una aberración educacional que todas las recomendaciones de la literatura internacional señalan que no son aconsejables. Se infringió abiertamente la ley porque hay un concepto de educación y de tratar los problemas sociales a través de medidas administrativas y represivas y no de resolver los problemas incorporando a la comunidad en los procesos".