.Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.

El crimen de la adolescente Ámbar Cornejo (16) muestra la debilidad del sistema de protección para llegar antes y prevenir. La joven participaba de un PIE, Programa de Intervención Especializada del Servicio Nacional de Menores (Sename), operado por un organismo colaborador.

Faltó diligencia frente a las alertas, en la supervisión y diagnóstico. Faltaron herramientas de supervisión sobre el organismo colaborador y también potestad administrativa para articular a todos quienes, en esa instancia, pudieron actuar con mayor oportunidad. Más allá de las responsabilidades individuales, el Sistema de Protección vigente no cuenta con muchos de los elementos que dan respuesta a esto.

De ahí, que cobran relevancia los proyectos de Infancia en discusión, el Sistema de Protección Integral (Garantías) y de Protección Especializada, donde además se refuerzan los elementos de prevención con una nueva institucionalidad, oficina locales, se fortalece la protección administrativa y los controles a quienes operan al interior del sistema.

El último de los proyectos referidos precisamente al Servicio de Protección, deberá enfrentar la discusión de un veto presidencial que hace referencia a objetar indicaciones acordadas en comisión mixta sobre “Artículos que dificultan la Colaboración Público Privada” y que precisamente eran indicaciones parlamentarias que fortalecían el control y la supervisión de organismos colaboradores. Aun así, aunque se rechace o se retire el veto, muy probablemente, en el corto plazo, se requerirá de un cambio de fondo en la Ley 20.032 que regula a los organismos colaboradores.

Ahora bien, ni la institucionalidad ni las leyes, serán suficientes si no tienen la capacidad de gestionar un sistema que requiere de articulación y capacidades técnicas, actuando con oportunidad y reconociendo al niño/a como sujeto de derecho, con la capacidad de ser escuchado y resolver sus necesidades urgentes en materia proteccional.

Es necesario invertir en una mejor oferta programática con diagnósticos de calidad y oportunos, con seguimiento de casos, oficinas Locales, abogado del niño/a, estos últimos como puerta de entrada a un sistema preventivo y de protección que hoy eso no está.

El año pasado en la comisión de personas extraviadas presidida por la diputada Erika Olivera se informó que desde 2010 a 2019 el total de niños no habidos era de 3.411, de los cuales 378 eran menores de 5 años; 241 entre 6 y 11 y 2.792 de 12 a 17. El 96% de las búsquedas son exitosas, salvo si el niño/a desaparecido está en algún programa de Sename, donde la tasa de efectividad alcanza sólo a 55%.

Hoy hay miles de casos en altísimo riesgo físico y emocional, debemos llegar a cada uno de ellos y prevenir. Miles de órdenes de búsqueda no han sido depuradas ni priorizadas y es necesaria la voluntad política para articular a los Poderes del Estado para hacer con urgencia esta tarea y llegar a cada uno de los niños que lo necesitan. Lo sucedido con Ámbar dista lejos de ser un caso puntual, lamentablemente muchos niños invisibles aparecen ante nosotros en el momento de su trágica y evitable muerte.

.Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.