A petición de las partes, el Juzgado de Garantía de Rancagua postergó la preparación del juicio oral del caso Caval para el 5 de marzo próximo a las 9 horas. Se trata de la tercera dilación después de las acordadas el 20 de noviembre y 5 de diciembre.
La audiencia de este lunes, a cargo del juez Mauricio Silva, sigue con la vista de posibles salidas alternativas para los imputados Nibaldo Mora, Jorge Silva y su esposa Marisol Navarrete, propuestas por el fiscal Sergio Moya, miembro del equipo que encabeza el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
Nibaldo Mora, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, está implicado en la arista Saydex. La sociedad Caval le habría pagado $32 millones para, supuestamente, favorecer a esa empresa de informática en las licitaciones de los hospitales de Maipú, San Borja y ex Posta Central.
En tanto, Jorge Silva, exjefe de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí y su esposa Marisol Navarrete están acusados de supuesto cohecho. Habrían recibido dineros para influir en el cambio de uso de suelo del terreno vendido a Caval.
Mientras que Natalia Compagnon, Mauricio Valero y el síndico Herman Chadwick, los otros acusados, se retiraron del tribunal sin hacer declaraciones.
El 17 de enero de 2015, la sociedad Caval -de propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria, y de Mauricio Valero- compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y Rojo Edwards presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda. Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo.
Actualmente, la causa está en manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de 10 imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica, pero sólo cinco estarían llegando al juicio oral, si no se aprueban las salidas alternativas.
La audiencia de este lunes, a cargo del juez Mauricio Silva, sigue con la vista de posibles salidas alternativas para los imputados Nibaldo Mora, Jorge Silva y su esposa Marisol Navarrete, propuestas por el fiscal Sergio Moya, miembro del equipo que encabeza el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
Nibaldo Mora, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, está implicado en la arista Saydex. La sociedad Caval le habría pagado $32 millones para, supuestamente, favorecer a esa empresa de informática en las licitaciones de los hospitales de Maipú, San Borja y ex Posta Central.
En tanto, Jorge Silva, exjefe de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí y su esposa Marisol Navarrete están acusados de supuesto cohecho. Habrían recibido dineros para influir en el cambio de uso de suelo del terreno vendido a Caval.
Mientras que Natalia Compagnon, Mauricio Valero y el síndico Herman Chadwick, los otros acusados, se retiraron del tribunal sin hacer declaraciones.
El 17 de enero de 2015, la sociedad Caval -de propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria, y de Mauricio Valero- compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y Rojo Edwards presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda. Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo.
Actualmente, la causa está en manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de 10 imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica, pero sólo cinco estarían llegando al juicio oral, si no se aprueban las salidas alternativas.
