01 Marzo 2021 18:38
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Caso Luminarias: CDE interpone tercera querella por irregularidades en Melipilla

La acción penal ejercida por el Consejo está dirigida a los eventuales responsables del delito de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos en licitaciones para recambio y mantención de alumbrado público, llevadas a cabo por dicha municipalidad.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso este viernes la tercera querella en el marco de las investigaciones penales que se desarrollan para esclarecer millonarias defraudaciones fiscales en procesos de recambio de luminarias públicas en distintas municipalidades del país, en el denominado caso Luminarias.

En este caso, la acción penal ejercida por el Consejo está dirigida a los eventuales responsables del delito de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos en licitaciones para recambio y mantención de alumbrado público, llevadas a cabo por la Municipalidad de Melipilla.

Según el requerimiento del CDE, habría un déficit financiero no declarado al momento del traspaso de la anterior administración municipal, desconociéndose el destino de dichos recursos, relacionados con el contrato para recambio de iluminación.

Cabe recordar que la actual administración municipal informó a fines de 2017 a la Contraloría General de la República recursos adeudados por $2.248.200.000, provenientes de la gestión anterior, dinero que no había sido registrado en los sistemas de contabilidad y que corresponde a diversos contratos de servicios licitados y adjudicados en 2015 y 2016 que, en la práctica, obligan al municipio a asumir un incremento importante en su carga financiera hasta por diez años.

Entre los contratos que involucran los montos más significativos se encuentra el recambio y mantención de las luminarias públicas, servicio licitado y adjudicado a Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Ltda. (Itelecom), empresa involucrada en una extensa indagatoria que lleva a cabo la fiscalía regional de Ñuble, contra varias municipalidades involucradas.

El contrato mencionado en esta querella es uno de los más cuantiosos celebrados por dicha empresa con municipios de la Región Metropolitana, de acuerdo con información que se ha conocido públicamente, ya que considera la prestación del servicio por un período de diez años a partir de 2016, lo que se traduce en un monto total de más de 10 mil 700 millones de pesos.

La querella del CDE señala que Itelecom realizó su oferta subrayando el indudable ahorro en consumo eléctrico que permite el sistema de iluminación LED, dadas sus características de eficiencia energética. No obstante, si bien por concepto de consumo puede existir un ahorro de recursos, éste no es tal, dado que antes de la licitación por el servicio de mantención de las luminarias se pagaba, en promedio, $7.550.000 mensuales, monto significativamente menor a los $90 millones mensuales que, en promedio, se paga actualmente a la empresa Itelecom y que se traduce en un aumento del orden de 1.087%.

En suma, sostiene la acción del Consejo, “antes del contrato actual de alumbrado público, la Municipalidad pagaba aproximadamente $70.000.000 mensuales entre consumo y mantención. Ahora, con la empresa Itelecom, se pagan $135.000.000 mensuales por los mismos conceptos, puesto que, si bien el monto del consumo bajó, el costo pagado a la empresa por mantención de luminarias aumentó ostensiblemente, lo que, en definitiva, no genera ningún ahorro al Municipio”.

A ello se añade que las condiciones del contrato establecen que las luminarias son de propiedad de la empresa contratista y que, una vez concluido el servicio, esta tiene la facultad de retirarlas en un plazo no menor de 60 meses.

“El contrato celebrado por la Municipalidad de Melipilla e Itelecom no importa ahorro alguno para las arcas municipales, sino que, por el contrario, significa un aumento del gasto (por concepto de mantención y consumo) de prácticamente un 100%. Tampoco constituye una inversión a corto, mediano o largo plazo, toda vez que la entidad edilicia no se hace dueña de las luminarias, las que deben ser retiradas por la empresa una vez terminado el contrato; antecedentes que dado el monto involucrado (superior a diez mil millones de pesos), permiten fundadamente sostener la existencia de un fraude”, señala la querella.

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