La planta Celco vinculada a la muerte de cisnes en 2004 y las cinco represas que HidroAysén proyecta levantar en la Patagonia recorren un dispar camino en sus trámites ambientales.

Mientras la empresa del grupo Angelini solicitó suspender hasta el 27 de noviembre el plazo para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del ducto con que pretende descargar al mar sus residuos, el proyecto hidroeléctrico de Endesa-Colbún debe responder hoy las más de 2.500 observaciones presentadas por organismos técnicos estatales, trámite ya prorrogado por solicitud de la compañía hace nueve meses.

La petición de Celco fue enviada el 13 de octubre por el gerente de la firma, Sergio Carreño, siendo aprobada un día después por el titular de la Corema de la Región de los Ríos, Herman Urrejola. La empresa argumentó que requiere más plazo para contestar las observaciones, rectificaciones y ampliaciones del EIA.

En tanto, como "decepcionante" calificó el director de la ONG ambientalista OLCA, Lucio Cuenca, el cierre de la investigación que, tal como adelantó La Nación el sábado, solicitó el fiscal Alejandro Ríos al Juzgado de San José de la Mariquina que, en virtud de ello, comenzó la semana pasada a notificar a los armadores fluviales y comunidades indígenas que se querellaron contra Celco.

Se trata, con todo, de un proceso distinto al juicio por daño ambiental que sostiene contra la empresa el Consejo de Defensa del Estado y cuyo trámite continúa en Valdivia y Santiago.