Con fecha 13 de abril de 2021, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) fue notificada de la solicitud de arbitraje presentada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P (ISA), Interchile S.A. e ISA Inversiones Ltda., ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra del Estado de Chile, alegando la violación del capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio suscrito por Chile y Colombia.

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, señaló que Chile presentará sus argumentos ante las instancias pertinentes, una vez haya tenido la oportunidad de analizar a fondo la solicitud de arbitraje notificada este martes.

Asimismo, recalcó que “Chile tiene una trayectoria indiscutida como un país receptor de inversión extranjera que ofrece a sus inversionistas un trato acorde con sus obligaciones internacionales. Esta afirmación se ve respaldada por el hecho que nuestro país ha enfrentado como demandado un número muy bajo de arbitrajes en materia de inversión y ha resultado victorioso en todas menos una de las oportunidades”.

La disputa está relacionada con la construcción de una línea de transmisión eléctrica denominada Nueva Línea Cardones-Polpaico, que consta de tres tramos y entró en operación en mayo de 2019. La empresa incurrió en retrasos de 135 y 499 días para la finalización de los tramos 2 y 3 del Proyecto, respectivamente.

Tras la conclusión de sendos procesos administrativos, en los que las reclamantes tuvieron amplias oportunidades para presentar pruebas y argumentos, el Ministerio de Energía determinó, sobre la base de la normativa aplicable, que no existía una eximente de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito u otro) que justificara el total de los retrasos. Consecuentemente, y en apego a la legislación vigente, se ordenó el cobro de boletas de garantía y la aplicación de multas a Interchile. Los cobros tuvieron lugar entre marzo de 2019 y febrero de 2020.

Posteriormente, el 7 de abril de 2020, las reclamantes presentaron al Estado una notificación de disputa por la que manifestaron por primera vez su intención de someter a arbitraje estos reclamos y solicitaron iniciar un proceso de consultas y negociaciones.

Considerando el texto del Artículo 9.15 del Tratado y la intención del Estado de cumplir a cabalidad los compromisos internacionales asumidos, el Estado llevó a cabo, de buena fe, un proceso de negociación con el objeto de alcanzar una solución amistosa. El plazo inicial para llevar a cabo las consultas se extendió en dos oportunidades, sin que las partes lograran llegar a un acuerdo amistoso que pusiera término a la disputa.

“Chile es un país con un marco legal y regulatorio claro y estable, con instituciones sólidas, en el que las garantías ofrecidas, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran plenamente vigentes y el Estado de Chile las cumple a cabalidad”, dijo el subsecretario Yáñez.