La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer un histórico proceso en el cual deberá resolver sobre los derechos de migrantes indocumentados en el continente, a raíz de la denuncia de un ecuatoriano que estuvo preso casi dos años en Panamá.

Los abogados del denunciante, Jesús Tranquilino Vélez Loor, creen que si la CIDH falla a favor de su defendido, dicha resolución puede sentar un precedente, poco después de que el estado de Arizona (suroeste de Estados Unidos), aprobara una ley contra inmigrantes indocumentados. Durante el primero de dos días de audiencia, Vélez narró ayer al panel de siete jueces cómo, en su calidad de inmigrante ilegal, fue arrestado violentamente por la policía panameña el 11 de noviembre de 2002 en la provincia fronteriza de Darién, cuando intentaba proseguir su camino hacia EEUU.

La supuesta víctima fue condenada a dos años de prisión por la Dirección de Migración pero alega que jamás compareció ante un juez, no se le permitió contactar a su familia ni al consulado ecuatoriano y que sufrió torturas a manos de los soldados que lo arrestaron, maltratos que se repitieron durante los once meses que pasó tras las rejas.

Esta sentencia, de acuerdo a los representantes del Estado panameño, se debió a que antes de noviembre de 2002, Vélez había sido detenido y deportado en tres ocasiones a Ecuador. Sin embargo, Vélez, hoy de 44 años, dice que logró su deportación gracias a las gestiones del consulado de su país, al cual contactó a través de un celular clandestino.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa al ecuatoriano, alega que las denuncias interpuestas por su defendido nunca han sido investigadas de forma seria y diligente por parte del Estado panameño. Para Cejil, "las violaciones cometidas se enmarcan dentro de un contexto generalizado de discriminación y criminalización de la migración, como un intento fallido de procurar la disminución de los flujos migratorios".

Con la demanda, Vélez busca una reparación moral, que incluya el reconocimiento oficial de la violación de sus DDHH, y el pago de un tratamiento médico por las heridas sufridas en prisión.