El artífice de la actual Constitución, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, creó un articulado muy difícil de cambiar en democracia para perpetuar su modelo económico y político.

Pese a algunas modificaciones, ese texto se ha mantenido desde el último gobierno de facto en el país, que este domingo decidirá si avanza hacia el cambio de su Carta Magna, impulsado por intensas manifestaciones iniciadas hace un año. 

¿LA REDACTÓ PINOCHET?

No, fue Jaime Guzmán, prominente abogado constitucionalista y académico chileno, uno de los mayores ideólogos de la derecha, asesinado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1991. Él estableció “enclaves autoritarios” y un altísimo “quorum” para poder realizar reformas sustanciales.

Su idea era que si llegaban a gobernar los adversarios se vieran “constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativa que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”, indicó el propio Guzmán en 1979.

Casi 40 años después, el cambio de la Constitución creada bajo la dictadura de Pinochet se convirtió en uno de los objetivos de los chilenos que apoyan los intensos reclamos callejeros desde el 18 de octubre de 2019.

¿POR QUÉ MUCHOS CREEN NECESARIO CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN?

La Constitución fue aprobada en un cuestionado plebiscito el 11 de septiembre de 1980, realizado durante la dictadura de Pinochet y sin padrón electoral.

La carta magna estableció un sistema electoral binominal de diputados y senadores que favoreció, ya en democracia, particularmente a los partidos de derecha, que trabaron la posibilidad de cambios en el Congreso.

Pinochet no abandonó la política hasta diez años después del final del régimen militar. Siguió siendo comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y senador hasta 2001.

“Fue pensada para tener una democracia moderada y protegida, donde un grupo minoritario conservador pudiera ejercer siempre el poder de veto”, explicó a la AFP Cristina Moyano, experta en historia de Chile y doctora en Filosofía de la Universidad de Santiago.

“Es una Constitución que establece una serie de trabas para que la voluntad popular no pueda hacerse realidad”, dijo a su vez el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

¿QUÉ IMPIDIÓ LOS CAMBIOS?

“Las normas de ‘quorum’ altísimo que tiene esta Constitución impide que se puedan realizar cambios más profundos”, explicó Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana.

Para reformar la Carta Magna se requieren “quorums” de 2/3 o 3/5, según el caso. 

El sistema electoral binominal (reformado recién hace cinco años), y que por un cuarto de siglo permitió la sobrerrepresentación de las fuerzas conservadoras en el Congreso, hizo imposible alcanzar los dos tercios necesarios para que se introdujeran cambios.

“Siempre iba a haber un tercio al menos asegurado de la derecha que iba a impedir cualquier acuerdo de reforma constitucional”, señaló Cristina Moyano.

¿30 AÑOS DE DEMOCRACIA SIN REFORMARLA?

No. En 2005, tras un gran acuerdo político, el Presidente Ricardo Lagos logró hacer cambios relevantes y acabar con los “enclaves autoritarios”.

Es decir, a partir de esa reforma, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas pasaron a estar bajo el poder civil, ya que antes no podían ser removidos. Se eliminaron los senadores designados y vitalicios, lo que permitió que a partir de 2006 el Senado quedara totalmente conformado por miembros de elección popular.

En 1989, un año antes del fin de la dictadura, también se le introdujeron cambios. Entre ellos, se derogó un artículo que declaraba “ilícitos” a grupos propugnaran “la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases”, y que proscribía a partidos como el Comunista. 

¿ES NECESARIO UN CAMBIO?

Según expertos, la actual Constitución es jerárquica y desconecta a la ciudadanía del poder político porque no incluye mecanismos de participación. 

Si bien no establece específicamente como privadas la salud, la educación ni el sistema de pensiones, tres pilares de las reivindicaciones actuales, sí impone principios que limitan la acción del Estado y promueve la actividad privada en esos sectores.

Para Andrés Molina, presidente de Evópoli, se debe avanzar hacia una Constitución “mínima”.

“No puede ser una lista de supermercado. Debe ser una carta basada en reglas que habiliten la política democrática y en derechos y libertades que permitan desarrollar diversos proyectos de vida en igual consideración y respeto, pero debe definir nuestras diferencias en materias sociales, morales y económicas”, afirmó a la AFP.

Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, que promueve la opción “Rechazo”, cree que “es razonable que se le puedan introducir nuevas modificaciones, pero eso es muy distinto a quienes pretenden partir de una hoja en blanco, desde cero, desconociendo no sólo la historia constitucional de Chile, sino que reescribiendo la historia desde cero”.