La defensa de Colombia tildó este martes de sesgados a los jueces de la Corte IDH por su postura durante la audiencia sobre el secuestro, violación y tortura de la periodista Jineth Bedoya en el año 2000.

“Me preocupa sentarme con unos jueces que carecen de imparcialidad en sus apreciaciones y en el contexto de una audiencia judicial”, dijo a W Radio Camilo Gómez, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

“El sesgo de la Corte no puede llevar a que el Estado entre de una vez culpable (…) No pueden trapear con el Estado y condenarlo de antemano sin siquiera oírlo”, añadió el abogado, que la víspera se retiró de la audiencia pública y anunció que recusará a los jueces.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), determina la responsabilidad de Colombia en la agresión que sufrió Bedoya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la Unesco en 2020.

La comunicadora tenía 26 años y trabajaba para el diario El Espectador cuando fue secuestrada por un grupo de paramilitares sobre el cual estaba investigando. 

Algunos miembros de estas milicias de ultraderecha, desmovilizados en 2006, ya fueron condenados por estos abusos que según Bedoya se llevaron a cabo con la complicidad de agentes del Estado de alto nivel.

Viviana Krsticevic, abogada de la víctima, calificó como “leguleyada” la decisión de Colombia. 

“Buscamos que se reconozca lo que ocurrió (…) los niveles de participación de distintas instancias del Estado en los hechos de violencia y en los hechos de impunidad”, dijo en la misma emisora.

La Fundación para la Libertad de Prensa indicó que Colombia “revictimiza” a Bedoya, “demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”.

La segunda jornada de la audiencia prevista para este martes fue suspendida por la Corte, sin precisar la razón. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, remitió este caso a la Corte en 2019 por considerar que el Estado colombiano incumplió las recomendaciones que le había hecho de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños.

Según la Comisión, el Estado sabía del riesgo que corría la periodista, pero no actuó para protegerla.

El caso de Bedoya es emblemático de la violencia sexual derivada del conflicto armado, que en seis décadas ha dejado más de nueve millones de víctimas.

Los fallos de la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.