Impedido de postular por un tercer mandato y con más de un 70 por ciento de adhesión ciudadana, el Presidente colombiano Álvaro Uribe puede estar seguro de que entregará la banda presidencial a uno de los candidatos de su coalición derechista. Ese es el escenario que quedó dibujado en las elecciones legislativas del domingo pasado, cuando el Partido de la U -formado hace cuatro años para impulsar la reelección de Uribe- obtuvo la primera mayoría y, de paso, fortaleció las aspiraciones presidenciales del favorito del oficialismo, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

Con más de 2,8 millones de votos, el partido "uribista" superó por más de 500 mil sufragios a su aliado, el Partido Conservador, que obtuvo 2,3 millones de las preferencias del electorado y consiguió 23 senadores, cinco escaños menos de los que conquistó la colectividad del actual gobernante.

Los conservadores, sin embargo, aprovecharon las elecciones legislativas para, en paralelo, realizar sus disputadas primarias internas entre la ex canciller Noemí Sanín y el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, ambos ex colaboradores de Uribe, y otros cuatro candidatos. Es un hecho que el Partido Conservador levantará una candidatura presidencial para los comicios del próximo 30 de mayo, aunque se da por descontado que si hay segunda vuelta la votación conservadora se volcará hacia Santos, fundador del Partido de la U. Los conservadores viven el riesgo de una división.

Las elecciones del domingo también consolidaron en su tercera posición al opositor Partido Liberal, que logró 17 escaños en el Senado, y que es una de las pocas colectividades que se oponen al gobierno de Uribe que no perdieron electores. No tuvo igual suerte el izquierdista Polo Democrático que obtuvo ocho senadores, tres menos que en los comicios anteriores, lo que gatilló la inmediata renuncia de su presidente, Jaime Dussan.

La sorpresa electoral corrió por cuenta del también "uribista" y polémico Partido de Integración Nacional (PIN) que logró ocho escaños en el Senado y aumentó considerablemente su votación hasta quedar como la cuarta fuerza política de Colombia, pese a que la colectividad es identificada con los paramilitares y por tener vínculos con el narcotráfico.

La alta votación del PIN, que de paso consolida una holgada mayoría parlamentaria para el sucesor de Uribe, refleja una de las contradicciones que vive la política de "seguridad democrática" que ha impulsado el actual gobierno en sus dos períodos. Se trata de una colectividad fundada desde la cárcel, donde cumplen penas ex parlamentarios identificados con la llamada "parapolítica", una alianza entre parlamentarios y militares de extrema derecha que en el año 2000 obligó a la destitución de casi el 30 por ciento del Congreso.

En esta vuelta dos de los parlamentarios elegidos por el PIN son Teresita García Romero, hermana del ex senador Álvaro García Romero, condenado por el asesinato de 15 campesinos en 2000 y Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, en prisión por lavado de dinero y homicidio.

La sombra de Uribe

La sociedad colombiana, según encuestas y estudios, es una de las que manifiesta mayor rechazo a los partidos políticos y a instituciones como el Congreso. Azotada por la violencia de las guerrillas -con casi 20 mil efectivos en armas-, el narcotráfico y los paramilitares, Colombia también marca los más altos índices de abstencionismo electoral.

Y esta vez no fue distinto. De los potenciales votantes que suman 29 millones 853 mil colombianos, el domingo pasado fueron a las urnas 13 millones 203 mil, o sea un 44 por ciento del padrón electoral. Los votos nulos sumaron 1 millón 403 mil, mientras los blancos casi llegaron a los 900 mil sufragios.

En ese contexto, para el Presidente Uribe -que cuenta con más de un 70 por ciento de apoyo en los sondeos-, fue un duro golpe el que le propinó el Tribunal Constitucional hace dos semanas, cuando resolvió que el gobernante no podía buscar un tercer mandato. Un tercer gobierno que él quería, pero que nunca explicitó.

El fallo impulsó de inmediato la campaña presidencial entre quienes estaban en el punto de partida de la carrera por suceder a Uribe, quien basa su popularidad en la reducción de los niveles de violencia que vive Colombia al propinar duros golpes a la guerrilla, principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hacer retroceder el narcotráfico y desmovilizar a numerosos contingentes de paramilitares.

Un papel importante en estos logros lo tuvo su ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que ya estaba en la primera línea de partida para la sucesión presidencial y a la espera del fallo constitucional que finalmente frenó las aspiraciones de Uribe.

Apenas divulgados los primeros resultados electorales que le dieron la primacía al Partido de la U, Santos declaró su intención de ganar en la primera vuelta del 30 de mayo y destacó que el respaldo que recibieron los partidos oficialistas "demuestra que los colombianos quieren que se prolonguen las políticas de Uribe".

Nada extraño para quien los últimos años creció bajo la sombra del actual Mandatario colombiano. Pese a que venía del Partido Liberal, Santos abandonó la colectividad de la que era dirigente y por el cual había sido senador y luego ministro de César Gaviria, para en el 2003 fundar el Partido de la U.

Ese giro lo llevó en el 2006 a ocupar, durante el segundo mandato de Uribe, la cartera de Defensa, donde se anotó sus más famosos logros. Durante su gestión, fue definida la política de "seguridad democrática", que entregó mayores recursos y atribuciones a su cartera que se vieron coronados con la muerte del comandante de las FARC "Raúl Reyes" en territorio ecuatoriano, así como el rescate y liberación de Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y otros once policías y militares que estaban en poder de la guerrilla.

Santos es de decisiones firmes y duras. Periodista y economista, con formación en Gran Bretaña y Estados Unidos, no dudó en autorizar la operación militar que abatió a "Raúl Reyes" y soportar luego la arremetida interna de quienes lo responsabilizaron por el deterioro que sufrieron las relaciones de Colombia con sus vecinos de Ecuador y Venezuela.

Tampoco tuvo pudor en admitir que, en Colombia, los militares realizan ejecuciones sumarias y extrajudiciales. El reconocimiento lo hizo cuando se le atribuía responsabilidad política por una de las aristas más controvertidas de la "política de seguridad democrática": el escándalo conocido como "los falsos positivos".

Una comisión investigadora determinó que los cuerpos de más de dos mil personas desaparecidas -en su mayoría civiles- estaban en fosas comunes que el Ejército mantenía ocultas y que los militares contabilizaban como "bajas en los combates a la guerrilla". El método buscaba abultar las cifras de "guerrilleros muertos en combate" y con ello fortalecer otra arista de la "seguridad democrática", el pago de recompensas por la entrega de información sobre la actividad guerrillera.

Los desafíos de Santos

"Me preocupa que Hugo Chávez se esté armando", dijo el candidato presidencial colombiano el miércoles al periódico español La Vanguardia, al referirse a las recientes adquisiciones de armas del gobierno venezolano, con el cual -de ser elegido Presidente- buscará recomponer las relaciones en el marco de una política de "prudencia y diplomacia" en paralelo a una postura de "firmeza en defensa de la soberanía".

Santos será un continuador de Uribe también en su política exterior, que privilegia la relación con Estados Unidos, donde cursó estudios en Harvard y otras universidades. Cuando era ministro de Defensa le correspondió, además de ser enlace con el Pentágono de donde fluía información de inteligencia para combatir a la guerrilla y el narcotráfico, negociar los términos del acuerdo que facilitó al país del norte instalar siete bases militares en Colombia.

Aunque a Uribe le correspondió defender el acuerdo -presentado como una ampliación del Plan Colombia- ante los gobiernos latinoamericanos que han visto con preocupación la iniciativa, el artífice del nuevo pacto fue Santos.

Si gana la presidencia de Colombia, Santos tendrá una nueva negociación con Estados Unidos, ahora para buscar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que sigue frenado en el Congreso estadounidense y que será la principal deuda impaga que dejará el Presidente Uribe.

Heredero de una familia que fue propietaria del diario El Tiempo de Bogotá, Santos deberá dar garantías que en su eventual gobierno habrá mayor respeto a los derechos humanos, que es la piedra de tope por la que en Estados Unidos está entrampado el TLC con Colombia. Los sindicatos de EEUU han realizado hasta ahora un exitoso lobby para impedir su aprobación ante los numerosos casos de asesinatos de líderes sindicales colombianos.

Ya en campaña, Santos presentó esta semana a quien dirigirá sus esfuerzos por llegar a la presidencia colombiana, nominación que recayó en el dirigente del Partido Liberal Rodrigo Rivera Salazar, quien pese a haber estado entre los precandidatos presidenciales opositores, hoy también se declara "uribista", como casi todos los políticos colombianos //LND