El informe que mantuvo dividida la comisión investigadora después de siete meses de trabajo, resolvió entregar los nombres de las instituciones que vulneran la ley que les impide lucrar en la educación superior, buscando resquicios para burlar la normativa. El informe ahora deberá ser debatido en sala y los antecedentes serán entregados al Ministerio Público, Mineduc y al Consejo de Defensa del Estado.

La comisión investigadora determinó que hay sospechas fundadas por compra y venta de universidades en el caso de la U. de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás y Uniacc. y por usar el mecanismo de sociedades espejos, las Universidades del Desarrollo y del Mar.

Los parlamentarios llegaron a la convicción que en las instituciones investigadas existe el lucro y usan mecanismos como elevados sueldos a ejecutivos dueños de las universidades, triangulación de dineros a las inmobiliarias que también les pertenecen, principalmente a través del pago de arriendo y la externalización de servicios relevantes.

Entre las medidas que propone el informe está una reforma constitucional donde se establezca que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

"Las propuestas legislativas apuntan a modificar el modelo completo, desde la Constitución  hasta regular, realmente, contar con un sistema de Educación Superior que asegure que haya Educación Pública Superior de calidad, primero; segundo, que solo el Estado puede colaborar con aquellas instituciones que realmente van a cumplir con los estándares de calidad y que no puede hoy día seguir entregándose financiamiento a diestra y siniestra sin que se cumplan con los mínimos estándares para funcionar como institución de Educación Superior", señaló la presidenta de la Comisión Alejandra Sepúlveda.

Boric emplaza a ministros Lavín y LarrOulet

El presidente de la FECH, Gabriel Boric, sostuvo  que "una persona que piratea un disco se puede ir preso, pero estos empresarios de la educación que han lucrado ilegalmente, a vista y paciencia de todas las autoridades, no se les puede tocar con el pétalo de una rosa, eso es inaceptable" y emplaza a las personas responsables de esta ilegalidad, aludiendo a "ministros que van a tener que responder, el señor Larroulet, el señor Lavín. No fue mencionada la Universidad Autónoma, pero también sería interesante que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señalara cuál es la estructura financiera de la universidad. Y de pedir que se cumpla  la ley, hoy vamos a entrar a una segunda fase, que es transformar la legislación".