
Martes 9 de febrero de 2010| por Leslie Ayala Castro / La Nacin
Tras 17 años de litigio, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó al actual concejal de Isla de Maipo, Carlos Seemann Santos (UDI), por haber malversado caudales públicos mientras se desempeñó como alcalde de esa misma comuna a principios de los años noventa. De esta forma, el encausado fue sentenciado a la pena de suspensión durante 61 días de su cargo y el pago, junto a los demás procesados, de $ 2.035.521 al Estado por el daño provocado en las arcas fiscales.
El tribunal de alzada revocó las absoluciones que se habían dictado en primera instancia en esta investigación, que comenzó con una denuncia de la Contraloría General de la República en 1993, entidad que detectó irregularidades en el pago de permisos de circulación que otorgaba ese municipio.
El problema surgió cuando Seeman, para mejorar la cantidad de permisos de circulación que se sacaban en la comuna, contrató a "captadores" quienes iban hasta automotoras del sector oriente de Santiago a ofrecer este trámite con celeridad. Dicha documentación, según quedó establecido en el proceso, se visaba sin los requisitos mínimos que eran la revisión técnica al día y el pago del seguro obligatorio de accidentes personales. Algunos de estos permisos se pagaron con meses de diferencias y, consta en el sumario, que muchas veces se otorgaron y nunca fueron cancelados.
"Sin haber enterado en arcas municipales el impuesto anual que grava los referidos permisos (de circulación), en circunstancias que éstos se pagaban con posterioridad y en algunos casos no se pagaban, todo lo que quedó de manifiesto con la revisión de la Contraloría en la cual se detectó una faltante de dinero perteneciente a la tesorería municipal que al 28 de diciembre de 1993 superaba los $23 millones", reseña el fallo de la Corte de San Miguel.
LOS DEMÁS AUTORES
Asimismo, el tribunal de alzada condenó al ex tesorero municipal y luego director de tránsito Hermes Álvarez Elgueta a 61 días de presidio remitido, suspensión de por vida para ejercer cargos públicos y el pago del 10% del perjuicio causado.
Otro de los sentenciados fue al funcionario del departamento de tránsito Tulio Aranda Núñez, quien deberá cumplir una pena de 41 días de prisión remitidos, la inhabilitación perpetua para cargos públicos y también el pago de 10% del perjuicio causado.
También el tesorero municipal Jaime Salazar Donoso y el jefe de finanzas José Caro Covarrubias recibieron una pena de 61 días de presidio remitido, la multa de 11 sueldos y la inhabilitación temporal para cargos.
Todos estos últimos sentenciados invocaron una atenuante: haber participado en la operación sin poder negarse a realizarla por temor al alcalde. Los funcionarios pidieron a la Corte que se "acoja la eximente de responsabilidad establecida en el artículo 10 N° 9 del Código Penal, esto es, fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable, indicando que aquella fuerza ha provenido del alcalde de la comuna". Pese a esto, no se logró acreditar en el proceso esta obligación, por lo que se les condenó por su participación dolosa en el hecho.