El juez especial Hernán Crisosto Greisse, de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció a 13 años de prisión al general retirado César Manríquez Bravo, como autor del secuestro calificado de Antonio Cabezas Quijada y víctima de la llamada Operación Colombo.

La justicia condenó este miércoles a prisión a un general retirado por el secuestro calificado (desaparición) de un ex miembro del Partido Socialista, en un caso en el que Augusto Pinochet fue procesado en 2005, según informaron fuentes judiciales.

El juez especial Hernán Crisosto Greisse, de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció a 13 años de prisión al general retirado César Manríquez Bravo, como autor del secuestro calificado de Antonio Cabezas Quijada y víctima de la llamada Operación Colombo.

Manríquez Bravo, que fue agente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), cumple además otras penas tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

Al no acreditarse su participación en el crimen, el juez absolvió a los ex agentes Ricardo Lawrence Mires, Alejandro Astudillo Adonis y Demóstenes Cárdenas Saavedra, el primero de ellos un ex coronel que actualmente está prófugo de la justicia, quebrantando condenas anteriores por crímenes de la dictadura.

Antonio Cabezas Quijada, de 28 años, miembro del Partido Socialista, era empleado del Ministerio de Economía que entre 1972 y 1973 se había desempeñado como interventor de una empresa textil cuya administración asumió el gobierno de Salvador Allende.

Por esa razón, tras el golpe de 1973 fue procesado por la Justicia Militar y condenado a 60 días de prisión; el 17 de agosto de 1974 fue detenido nuevamente en su domicilio de Santiago por agentes de la DINA, sin que se volviera a saber de él.

El año siguiente, su nombre apareció en una lista de 119 opositores publicadas en las revistas “Lea”, de Argentina y “O Novo Dia”, de Brasil, editadas por única vez, que supuestamente habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Posteriormente se estableció que se trataba de la Operación Colombo, un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de esos 119 opositores que habían sido detenidos anteriormente en Chile.

Cuando murió, en diciembre de 2006, Augusto Pinochet estaba desaforado (paso previo al procesamiento) por 15 víctimas de la Operación Colombo y sometido a proceso por 9 de ellas.

En 2005 el juez especial Víctor Montiglio procesó al dictador por tres de esas víctimas: Juan Carlos Perelman Ide, Héctor Garay Hermosilla y Antonio Cabezas Quijada.

También Pinochet estaba procesado por falsificación y uso de pasaportes falsos y fraude tributario y desaforado por malversación de fondos públicos en la investigación sobre el origen de su fortuna.

En la parte civil del juicio sobre la desaparición de Antonio Cabezas, el juez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización $300 millones a los familiares de la víctima.