En relación a si el gobierno patrocinará alguna acción legal contra las constructoras, Poblete remarcó que el gobierno no puede hacerse parte en el problema. "Nosotros ponemos la norma y la empresa que construye tiene la obligación de cumplirla, no porque vayamos a fiscalizar sino por un tema ético, moral y profesional. Acá existe un ingeniero en cálculo estructural, un proyectista, una empresa constructora y además un inspector técnico de obra, que tiene la responsabilidad de asegurarse que las cosas se hagan como corresponde y que las especificaciones técnicas se respeten", sostuvo.

Poblete se reunió ayer desde temprano con el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (Idiem), la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Dictuc), los colegios de Ingenieros y Arquitectos, además de la Asociación de Ingenieros Calculistas Estructurales de Chile.

La idea es hacer una evaluación de todos aquellos inmuebles que aparentemente tienen daños en su estructura y determinar las acciones de ayuda a seguir.

Según argumentó la ministra, los estudios se basarán en el Plan Alfa, que es el primer catastro que hacen los municipios para determinar los lugares más afectados, ya sea muros, casas, edificios y todo aquello que sea parte de una ciudad y que tenga problemas de derrumbe.