La Mesa Directiva de la Convención Constitucional, liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, manifestó su abierto rechazo al recurso de protección por “imposibilidad de debate” en la votación de indicaciones al reglamento de la instancia, interpuesto por seis convencionales de Vamos por Chile, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los convencionales Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Teresa Marinovic, Harry Jürgensen, Ruth Hurtado y Margarita Letelier, alegaron ante el tribunal que ante la imposibilidad de intervenir en la votación de las indicaciones del reglamento del organismo, se debe anular la votación, debido a que existen vulneraciones a su libertad de expresión y a emitir opinión sin censura previa.

Loncón manifestó que todos los integrantes de la Convención “han participado de la definición de las normas de la Convención Constitucional, incluyendo Vamos por Chile. Nos hemos dado tiempos diferentes para la discusión y seguiremos avanzado conforme a la voluntad del Pleno”.

Desde su cuenta de Twitter, el vicepresidente Bassa se limitó a exponer el Artículo 136, inciso quinto, de la Constitución, donde se sostiene que “ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo”.

No obstante, la declaración de Bassa trajo consigo una ola de respuestas por la misma vía. Una de ellas fue la de la convencional UDI Constanza Hube, quien le replicó duramente que “la misma Constitución que citas es la que desconoces y te saltas permanentemente, atribuyéndonos facultades que no tenemos y considerando que no tenemos límites. Sería bueno que cites la Constitución cuando no te conviene también. De eso se trata el Estado de Derecho”.

Más breve fue la convencional Teresa Marinovic, una de las firmantes del recurso, quien señaló que es “una vergüenza que Bassa, siendo abogado, plantee que nuestras garantías constitucionales individuales no están protegidas por el Recurso de Protección y pretenda que, para ampararlas, se requiera la firma de 39 convencionales. O sea, pretende derogar nuestros derechos fundamentales”.