Este viernes, a contar de las 8:30 horas, la Corte de Apelaciones de Temuco revisará los recursos presentados por la Fiscalía Regional de La Araucanía y querellantes contra la resolución que negó la prisión preventiva a Martín Pradenas, sospechoso de la violación de la joven Antonia Barra.

El miércoles pasado, el juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, decidió solamente decretar arresto domiciliario para el imputado.

El primer recurso busca revertir dicha medida cautelar para Pradenas y obtener su prisión preventiva, y el segundo pretende deponer la prescripción de dos de los abusos sexuales denunciados.

Mientras que la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, condenó las amenazas por redes sociales recibidas por el juez Gutiérrez.

“El Poder Judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular, condena, reprocha y rechaza categóricamente cualquier acto de hostigamiento en contra de los miembros de la judicatura motivados por las decisiones que adopten, en el caso concreto, en una audiencia en que se solicitaba que respecto de un imputado se decretara la medida cautelar de prisión preventiva”, señaló la ministra en un comunicado.

Además, la autoridad precisó que el sistema de Justicia contempla la posibilidad de revertir las decisiones de los magistrados: “La única vía que consagra la legislación nacional para impugnar una decisión adoptada por un tribunal de justicia es la interposición de los recursos procesales; vías diferentes comprometen el estado de derecho que rige en el país, pues atentan contra uno de los valores principales de la judicatura que es el de la independencia judicial”.

“En el caso concreto, ante la decisión adoptada por el juzgado de garantía de Temuco se puede deducir el recurso de apelación, por lo tanto, será la Corte de Apelaciones de dicha ciudad la que deberá pronunciarse”, recalcó.

Frente a la relevancia de las causas y la atención de la ciudadanía en ellas, la portavoz ahondó en que “todas las personas tienen derecho a conocer las decisiones que se adopten, también emitir opiniones a su respecto, y es por eso que el Poder Judicial ha llevado a cabo una política de difusión de las audiencias que se realizan en los juzgados de garantía, también en los orales, y de publicación de las sentencias que se dictan; pero es inaceptable que se realicen acciones como las señaladas cuyo objetivo parece estar dirigido a intimidar a un juez, por eso hacemos un llamado a no seguir en ese camino”.

Asimismo, reiteró lo dicho por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, “en el sentido que las juezas y los jueces al decidir un asunto que ha sido sometido a su consideración, deben tener siempre presente el mérito de los antecedentes, y las resoluciones que emitan deben contener los razonamientos de hecho que surjan de la ponderación de la prueba rendida por los litigantes y las reflexiones de derecho aplicables”.

“Hacemos un llamado a las juezas y jueces a que cumplan la labor que han asumido y que adopten las decisiones en los términos señalados, y que no cedan ante presiones de ningún tipo, debiendo recordar siempre que al asumir el cargo prestaron juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y las leyes”, concluyó.