La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó a la Fiscalía retomar la investigación de un menor de edad que recibió una bomba lacrimógena en la boca durante una manifestación en La Cisterna, en el marco del estallido social en 2019.

De manera unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada acogió un recurso presentado por la defensa y revocó la decisión del Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago, que había decidido no perseverar en las diligencias.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas del 26 de noviembre de 2019, cuando el menor de iniciales S.O.V., tras salir del colegio, estaba esperando a su hermana en una parada de autobuses, ubicada cerca de la 10° Comisaría de Carabineros en Gran Avenida. Mientras, en el lugar se desarrollaba una protesta.

En ese momento sufrió el impacto de la lacrimógena, lanzada por un funcionario policial desde una escopeta lanza gases de 37 mm. El joven quedó con lesiones graves.

El abogado querellante, Francisco Ugás Tapia, destacó que la decisión de la Corte “marca una senda que debe ser observada por la justicia y el Ministerio Público, que en estos casos relacionados por crímenes contra la integridad o la vida de personas cometidos por agentes del Estado, en contexto como el existente en la época en que ocurrieron estos hechos, deben ser cabalmente indagadas, haciendo todo lo humanamente posible para su esclarecimiento“.

Además, el jurista cuestionó “la decisión del fiscal adjunto de no perseverar fue avalada por la Fiscalía Regional, lo que a su juicio también denota una ligera evaluación y revisión de un caso de esta gravedad, por parte del órgano de control interno de la institución”.

Entre los argumentos de la defensa se advertía que la indagatoria no estaba completa, ya que no se habían individualizado los mandos ni los integrantes de los grupos operativos de Carabineros que concurrieron al procedimiento de la manifestación del incidente. También señala que no se le tomó declaraciones al comisario de la mencionada Comisaría.

Junto a ello, acusa que no se interrogó a tres de los seis funcionarios que ese día portaban la escopeta lanza gases. También apunta a que no se recabó la nómina de los funcionarios de salud que asistieron a la víctima, quienes tampoco fueron interrogados.

La Sala que adoptó la resolución estuvo presidida por la ministra Sylvia Pizarro Barahona e integrada por la Ministra Claudia Lazen Manzur y el abogado integrante Carlos Castro Vargas.

La decisión se enmarca en la recomendación del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien dispuso pautas sobre el interés que debía poner el Ministerio Público en causas de derechos humanos.