Siguen y suman las críticas desde la oposición contra la intendenta del Biobío, Jaqueline Van Rysselberghe, tras conocerse los audios que muestran cómo hizo pasar por damnificados del terremoto de febrero de 2010 a pobladores que no fueron víctimas de la catástrofe con el fin de obtener más subsidios, lo que convierte a la autoridad regional en blanco de una acusación constitucional.

Así lo manifestó el presidente subrogante de la DC, diputado Fuad Chahín, junto a su camarada y colega en el congreso, Gabriel Ascencio, afirmando que la acusación es posible en virtud de "falta a la probidad del Estado".

Chaín recalcó que "hay mérito más que suficiente para una acusación constitucional, ya que se han infringido principios constitucionales relevantes como el de igualdad, como el de legalidad".

Dijo que "no se puede administrar una región como si fuera un fundo" y que ante los echos denunciados no caben explicaciones del tipo "el fin justifica los medios", apuntando que "la intendenta debiera dejar su cargo".

Por su parte, el presidente del PS Osvaldo Andrade dijo que "el gobierno no puede seguir aceptando trucherías en el sector público", subrayando que "el método usado por la intendenta está absolutamente fuera de la ley y de cualquier moralidad pública".

Subrayó que así como "la intendenta dice defender a sus regalones, la UDI defiende a su regalona", mientras "la ministra de Vivienda no sabe qué hacer y el gobierno no dice nada" y en tanto "los únicos perjudicados son los pobladores del sector y, lo peor, los más perjudicados son los pobladores involucrados en los temas de la reconstrucción".

A juicio de Andrade, "el gobierno hoy carece de veracidad para asumir políticas públicas vinculadas con la reconstrucción".