De los 4.249 reos que cumplen condenas en libertad con tobilleras, 138 (3,6%) no eran ubicables a la segunda semana de marzo de este año, es decir, se les perdió la señal.
La información aparece publicada miércoles en El Mercurio, con datos proporcionados por el jefe del Departamento de Monitoreo Telemático de Gendarmería de Chile, Pablo Gaete.
Se trata de condenados a penas sustitutivas a la privación o restricción de la libertad, y no medidas cautelares, como denuncias por violencia intrafamiliar.
Otro dato es que los cortes de correa del dispositivo como motivo de desinstalación alcanzan los 155, si se considera todo el periodo de aplicación del sistema: de 2014 a la fecha.
Todos los casos de tobilleras en las que se les ha perdido la señal “fueron reportados a los tribunales para que se adopten las medidas pertinentes; es decir, revocar la medida (de usar tobillera), ordenar la detención, citar a audiencia, etc.”, explicó Gaete.
Aunque el uso de tobilleras para controlar a los condenados fuera de la cárcel fue bien recibido, en 2014, de inmediato aparecieron las críticas, porque el sistema no lograba funcionar. Frente a un corte masivo del servicio eléctrico no se activaban de inmediato los servidores de respaldo y la ubicación del reo que iba con tobillera cambiaba si iba en bicicleta o en auto.
En agosto de 2017, el entonces subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, envió un detallado informe al Senado. El documento señalaba que en 2015 hubo 50.402 incumplimientos, o por no estar en la zona autorizada o por batería apagada. En 2016, la cifra aumentó: hubo 99.339 incumplimientos: 78.307 porque el reo no estaba en la zona y 15.409 por batería apagada.
“Ante el riesgo de pérdidas de señal que puede experimentar el dispositivo, el Departamento de Monitoreo Telemático despliega una serie de protocolos tendientes a evitar que se produzca la pérdida de avistamiento del dispositivo”, explicó.
“Así, antes de la pérdida total de batería, los operadores del sistema de monitoreo toman contacto con el condenado indicándole que debe proceder en forma urgente a la carga. Ello, dado que, si se pierde la señal por esa causa, se informará a los tribunales”, añadió.
Frente a la primera de las alarmas por pérdida permanente, los operadores llaman al teléfono personal del condenado para que cargue inmediatamente o en su defecto concurra a un soporte técnico.
Por último, se envían en forma semanal oficios a tribunales en donde se indica que desde una fecha y hora determinada el dispositivo del condenado ha perdido la señal sin ser posible su correcto control.
“Luego de tres oficios, se envía un cuarto donde se solicita se ordene la suspensión de la medida”, completó Gaete.
La información aparece publicada miércoles en El Mercurio, con datos proporcionados por el jefe del Departamento de Monitoreo Telemático de Gendarmería de Chile, Pablo Gaete.
Se trata de condenados a penas sustitutivas a la privación o restricción de la libertad, y no medidas cautelares, como denuncias por violencia intrafamiliar.
Otro dato es que los cortes de correa del dispositivo como motivo de desinstalación alcanzan los 155, si se considera todo el periodo de aplicación del sistema: de 2014 a la fecha.
Todos los casos de tobilleras en las que se les ha perdido la señal “fueron reportados a los tribunales para que se adopten las medidas pertinentes; es decir, revocar la medida (de usar tobillera), ordenar la detención, citar a audiencia, etc.”, explicó Gaete.
Aunque el uso de tobilleras para controlar a los condenados fuera de la cárcel fue bien recibido, en 2014, de inmediato aparecieron las críticas, porque el sistema no lograba funcionar. Frente a un corte masivo del servicio eléctrico no se activaban de inmediato los servidores de respaldo y la ubicación del reo que iba con tobillera cambiaba si iba en bicicleta o en auto.
En agosto de 2017, el entonces subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, envió un detallado informe al Senado. El documento señalaba que en 2015 hubo 50.402 incumplimientos, o por no estar en la zona autorizada o por batería apagada. En 2016, la cifra aumentó: hubo 99.339 incumplimientos: 78.307 porque el reo no estaba en la zona y 15.409 por batería apagada.
PROTOCOLO
Actualmente, según el jefe del Departamento de Monitoreo, hay un detallado protocolo.“Ante el riesgo de pérdidas de señal que puede experimentar el dispositivo, el Departamento de Monitoreo Telemático despliega una serie de protocolos tendientes a evitar que se produzca la pérdida de avistamiento del dispositivo”, explicó.
“Así, antes de la pérdida total de batería, los operadores del sistema de monitoreo toman contacto con el condenado indicándole que debe proceder en forma urgente a la carga. Ello, dado que, si se pierde la señal por esa causa, se informará a los tribunales”, añadió.
Frente a la primera de las alarmas por pérdida permanente, los operadores llaman al teléfono personal del condenado para que cargue inmediatamente o en su defecto concurra a un soporte técnico.
Por último, se envían en forma semanal oficios a tribunales en donde se indica que desde una fecha y hora determinada el dispositivo del condenado ha perdido la señal sin ser posible su correcto control.
“Luego de tres oficios, se envía un cuarto donde se solicita se ordene la suspensión de la medida”, completó Gaete.
