De las callampas al urbanismo ciudadano

¿Un lugar para dormir o un proyecto familiar y vecinal? La respuesta es “todo”. Nuevos estándares de calidad, mayor superficie, servicios, plaza infantil, hospitales y locomoción. Es lo que esperamos hoy de una vivienda social. Cuando lo entregado no cumple con ese mínimo, el ciudadano lo rechaza y el gobierno debe enmendar el error. Es lo que pasó con las “casas Copeva” en 1997. Terminaron demolidas, y el gobierno garantizó que no volverá a construirse este tipo de casas. Una nueva política habitacional recogió esta y otras experiencias proponiendo poblaciones pequeñas, insertas en barrios y ciudades con mayor integración social. Es lo que tenemos hoy.

En 20 años, las expectativas ciudadanas han cambiado y aumentado. Lejanos están los tiempos en que tener dónde vivir era como ganar la lotería.

La vivienda se convirtió en derecho en 1970. Desde entonces, y especialmente desde 1990, aquello a que aspiramos como “lo mínimo” mejoró y se adaptó a las necesidades de un país en desarrollo. 60 metros cuadrados siguen siendo escasos para una familia hoy, pero parecen un lujo comparados con las “viviendas progresivas” de 12 metros cuadrados que se entregaban a fines de los ’70.

Ya no hay un subsidio sino muchos y diversos para responder a problemas generales y puntuales.

El ejemplo chileno genera interés. Durante un encuentro internacional de Cities Alliance, en septiembre pasado, la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, debió resumir ante una audiencia internacional los logros de la política de vivienda desde 1990: “Cuando Chile recuperó la democracia, la mayor urgencia sectorial era reducir el enorme déficit habitacional que existía. Millones de chilenos vivían precariamente, sin servicios básicos o como allegados. Esto llevó a la construcción masiva de viviendas sociales en la periferia, en construcciones a gran escala, con hacinamiento, sin áreas verdes o espacios públicos, lejos de las fuentes de trabajo, los servicios y el comercio. Conseguimos reducir ese déficit a la mitad, logro inédito en el continente”, expresó.

Dos millones de viviendas se han construido con subsidios del Estado desde entonces. Y hay nuevos desafíos. Poblete explica la necesidad de aumentar la calidad de las viviendas, así como la integración social de las familias, a través de iniciativas como el Subsidio a la Localización y el Quiero Mi Barrio. La oferta pública se completa con los subsidios Habitacional Rural y de Pavimentación Participativa. Y para apoyar a familias que tienen ya vivienda propia, pero necesitan mejorar su calidad, está el nuevo programa habitacional de Protección al Patrimonio Familiar, que permite ampliar y mejorar hogares y entornos. Este año el Minvu entregará 76 mil subsidios de este tipo en Chile.

En dos décadas, el desarrollo obligó a los gobiernos de la Concertación a innovar en políticas públicas. Según Poblete, “pasamos desde el liderazgo estatal al urbanismo ciudadano, desde programas urbanos meramente asistenciales, a los que instalan a la comunidad como actor central de las políticas públicas”.

Junto con invertir en obras, el Minvu se propuso fortalecer el tejido social. “Hemos creado espacios para la expresión de la convivencia ciudadana -dice Poblete- y en los barrios hay comunidades que diseñan, deciden y se convierten en protagonistas de su propio desarrollo, levantando obras que tienen gran impacto en la comunidad”, dice.

Poblete confía en que Quiero Mi Barrio se convertirá en una política pública permanente del Ministerio de Vivienda. Su financiamiento se está discutiendo para que quede incorporado en la próxima Ley de Presupuestos para el año 2010, independientemente de quien gobierne.

Viviendas “cristianas”.

¿Cuándo se involucró el Estado chileno en la construcción de viviendas sociales? Consultamos al profesor Miguel Laborde, especialista en historia urbana y arquitectónica. Nos contó que Chile, desde sus orígenes, ha sido un campo de experimentación respecto de la pobreza urbana. “La primera mención se remonta a las reflexiones de un fraile francés que en 1381 elabora una propuesta cristiana. Sus ideas llegarán más tarde a Chile”, cuenta Laborde.

La Iglesia Católica, desde mediados del siglo XIX, desarrolló acciones para socorrer a quienes vivían en condiciones precarias. Varias instituciones de caridad construyeron viviendas orientadas al mundo obrero. Las fundaciones León XIII y Sofía Concha en Valparaíso, la Unión Social de Orden y Trabajo y la Sociedad de Instrucción Primaria del Arzobispado de Santiago, y la sociedad San Vicente de Paul son algunas de la pioneras.

Sólo tras la Independencia, la preocupación se traspasa a los laicos. “Vicuña Mackenna en el siglo XIX impulsa la distribución de agua potable y la creación de parques públicos subrayando que se trata de un deber social”, agrega el historiador.

Pero aún no habrá política de vivienda propiamente hasta el siglo XIX. En los años 50, el déficit habitacional seguía siendo abrumador .El primer censo nacional de la vivienda de 1952 sólo el 45 por ciento de los obreros habitaba en vivienda unifamiliares. El resto se distribuía en chozas precarias: un 11 por ciento en piezas de conventillo, un 13 por ciento en poblaciones “callampas” y allegados en piezas de viviendas de parientes.

El gobierno de Alessandri y la dictadura de Ibáñez del Campo son los primeros en enfrentar los problemas sociales pendientes. Laborde subraya: “Una serie de profesionales jóvenes formados en Europa, especialmente Alemania, como es el caso de Exequiel González Cortés, quien admiraba las cajas de viviendas económicas y el seguro social germano”, señala.

Pedimos a Laborde que mencionara un proyecto urbano que -en su opinión- fuera un ejemplo digno de citar, y especialmente repetir. Eligió la Comunidad Andalucía. Se ubica entre las calles Pedro Lagos y Lord Cochrane, en Santiago, y nació para reestructurar este sector que tiene una tradición particular de barrio. Inaugurada en 1992, es producto de un convenio de cooperación entre la Junta de Andalucía, comunidad autónoma de España, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.

Las familias que actualmente viven en la Comunidad Andalucía son las mismas que antes habitaban los antiguos cités de este barrio, sólo que antes varios grupos familiares compartían una misma vivienda como allegados. Todas las casas dan hacia los patios interiores, lo que permite hacer amistad entre los vecinos, apoyarse mutuamente y aprovechar el espacio al aire libre. La dirigente Juana Gómez está orgullosa de su casa. “Lo mejor fue quedarnos acá en el centro. Tenemos escuelas cerca, jardines infantiles, consultorios. Los niños juegan adentro y están bien cuidados”, afirma. Cree que el proyecto fue un acierto digno de imitar: “Sería bonito que más personas pudieran compartir esta forma de vida. Nosotros tenemos dificultades, como todos, pero acá hay amistad”, asegura. //LND