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Decretan arraigo nacional para esposa de general (r) Fuente -Alba por lavado de dinero

En la misma audiencia se realizó la reformalización del excomandante en jefe del Ejército para precisar hechos, quedando con arraigo nacional y firma mensual por los mismos cargos. El general (r) ya había sido formalizado en junio de 2019 por ocultamiento de dinero, debido a que sus bienes no coincidían con sus ingresos en la institución castrense.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves arraigo nacional y la obligación de fijar domicilio para Ana María Pinochet. La esposa del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, fue formalizada por lavado de dinero.

En la misma audiencia se realizó la reformalización de Fuente-Alba para precisar hechos, quedando con arraigo nacional y firma mensual por los mismos cargos. El general (r) ya había sido formalizado en junio de 2019 por ocultamiento de dinero, debido a que sus bienes no coincidían con sus ingresos en la institución castrense.

Durante la audiencia, el fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, indicó que los imputados realizaron las maniobras de ocultamiento entre 2010 y 2016, lo que quedó acreditado en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

De acuerdo a la indagatoria, la pareja aumentó su patrimonio en más de 280% en siete años, donde los gastos del general alcanzaron los $7.300 millones, utilizando dinero correspondiente a gastos reservados.

Morales argumentó que “el señor Fuente-Alba Poblete y la señora Pinochet Ribbeck con pleno conocimiento de que los dineros señalados anteriormente provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos cometido entre 2010 y 2014 realizaron conductas constitutivas de lavado de dinero en forma reiterada a lo menos entre los años 2010 a 2016 con el objeto de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema económico formal, tanto las que provenían directa como indirectamente del delito base”.

Producto de la situación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra ambos. La defensa de la mujer pidió declarar inadmisible la acción judicial, lo que fue desestimado por el tribunal.

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