En opinión de la Defensora Nacional, los 17 comuneros mapuches acusados de terrorismo son "miembros del grupo social más empobrecido y marginado de Chile. Pero un juicio justo exige una especial protección de sus derechos. Sin embargo, antes y durante el juicio se dieron situaciones de evidente desequilibrio entre las partes".

Según Paula Vial, "sólo una vez concluida la investigación, y no durante aquella como era su derecho, la defensa conoció algunas pruebas y fue necesario un reclamo ante la fiscalía para obtener cierto orden en la información de los testigos secretos, no contrastable de todas formas".

"En el juicio se pudo constatar que uno de los acusados denunció haber sido torturado durante su detención e interrogatorio de madrugada, luego de 16 horas detenido, y pese a una querella y constatación de lesiones, la causa fue archivada sin una investigación imparcial", dijo Vial.

Añadió que "mediante testigos de oídas, se introdujeron supuestas declaraciones de menores que también denunciaron haber sido objeto de torturas en su interrogatorio. Ellos no fueron presentados en el juicio, ni tampoco su caso investigado".

"Se utilizaron sin restricciones las declaraciones de testigos sin identidad, cuya credibilidad no tuvo posibilidad de desvirtuar la defensa y aun así quedó en evidencia que uno de ellos era sordo, pero decía haber reconocido a los acusados por la voz, o que otro tenía razones para actuar por enemistad. De ninguno se pudo saber si tenía condenas o si obtuvo algún beneficio procesal o económico por declarar", recalcó la defensora.