El capitán de Carabineros Luis Osses y el fiscal jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo dieron luces respecto del hecho que gatilló la pugna que ha puesto un abismo de distancia en el trabajo que los organismos auxiliares de la justicia que representan debían realizar en conjunto en el marco de la “Operación Huracán”.
En conversación con el Centro de Investigación Periodística (CiperChile), ambos funcionarios dieron su versión respecto de cómo se desencadenó el enfrentamiento que hoy tiene en veredas opuestas al Ministerio Público y la policía uniformada, debido a la denuncia por la presunta manipulación de pruebas que hizo la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE) respecto de los diálogos que por mensajería habrían tenido algunos de los imputados por asociación ilícita terrorista e incendio.
El capitán Osses, quien es jefe de la UIOE, señaló a ese medio que los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuche no fueron intervenidos o manipulados por la unidad que encabeza y aseguró que parte importante de la información contenida en el Informe N°130 remitido a la Fiscalía el 20 de septiembre, fue conocida en un borrador previo por varios fiscales de Temuco, entre los que se contaban el persecutor regional Cristián Paredes y el jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo.
Ello, indicó el oficial imputado en el caso, porque Arroyo habría “corregido” parte de la información contenida en ese documento entregado a priori para que la fiscalía revisara los antecedentes y eventualmente pidiera otras diligencias.
“Al menos dos semanas antes de la entrega oficial ya tenían conocimiento del borrador y sacaron a blancos (personas que iban a ser detenidas), al gusto de ellos (…). Don Luis Arroyo tuvo acceso a ese borrador porque se le pidió asesoramiento. Él sacó a blancos, porque dijo que si tocábamos a esos blancos se iba a perder el foco de lo que es la violencia rural”, sentenció el uniformado.
Junto con ello, Osses asegura que el jefe de alta complejidad de la Fiscalía también habría solicitado que se eliminara de ese texto, ya que contenía información sobre una presunta filtración de antecedentes reservados desde esa unidad a un tercero que mantendría contacto con miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entidad a la que pertenecen los detenidos en el allanamiento del 23 de septiembre.
Por su lado, Arroyo también conversó el medio y desmintió cada una de las afirmaciones del capitán de Carabineros, asegurando que recién se enteró de la existencia y los contenidos del Informe N° 130 cuando éste fue remitido oficialmente a la Fiscalía de Temuco el 20 de septiembre.
“No tuve acceso antes a ese informe”, sentenció el fiscal aludido, aclarando que desde el 21 de agosto y hasta mediados de octubre estuvo concentrado en la indagatoria del caso Luchsinger Mackay, e incluso puso en duda la veracidad de los dichos del uniformado argumentando que la Ley 19.974 es clara en establecer la prohibición de entregar algún tipo de información preliminar al margen de los cursos legales que están establecido en la misma normativa.
“Me parece grave que un oficial de inteligencia de Carabineros aparezca señalando algo que de haber sido efectivo constituiría un delito, ya que la ley es bastante severa con los agentes de inteligencia al momento de entregar información”, espetó el fiscal”, al tiempo que dijo que “me llama la atención que él mismo (Osses) reconozca participación en un delito de manera pública”.
Respecto de la supuesta filtración de información desde la unidad de Alta Complejidad que él dirige, el persecutor indicó a CIPER que recién el 26 de diciembre de 2017, fue notificado de la existencia de una investigación seguida en su contra como supuesto encubridor de su asistente, la abogada Mónica Palma.
De acuerdo a las pesquisas de inteligencia de la policía uniformada, Palma habría sido la responsable de esa filtración y Arroyo se habría inhibido de denunciarla por mantener una relación sentimental con ella.
“Es la revancha de Carabineros a las dudas que estaba presentando la Fiscalía en relación con el trabajo que habían realizado”, expresó Arroyo, añadiendo que las acusaciones del oficial responden a lo que hace “un imputado que se está viendo acorralado” y a “cubrir la inoperancia y la falta de resultados de las investigaciones” que la institución realizaba en la zona.
En conversación con el Centro de Investigación Periodística (CiperChile), ambos funcionarios dieron su versión respecto de cómo se desencadenó el enfrentamiento que hoy tiene en veredas opuestas al Ministerio Público y la policía uniformada, debido a la denuncia por la presunta manipulación de pruebas que hizo la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE) respecto de los diálogos que por mensajería habrían tenido algunos de los imputados por asociación ilícita terrorista e incendio.
El capitán Osses, quien es jefe de la UIOE, señaló a ese medio que los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuche no fueron intervenidos o manipulados por la unidad que encabeza y aseguró que parte importante de la información contenida en el Informe N°130 remitido a la Fiscalía el 20 de septiembre, fue conocida en un borrador previo por varios fiscales de Temuco, entre los que se contaban el persecutor regional Cristián Paredes y el jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo.
Ello, indicó el oficial imputado en el caso, porque Arroyo habría “corregido” parte de la información contenida en ese documento entregado a priori para que la fiscalía revisara los antecedentes y eventualmente pidiera otras diligencias.
“Al menos dos semanas antes de la entrega oficial ya tenían conocimiento del borrador y sacaron a blancos (personas que iban a ser detenidas), al gusto de ellos (…). Don Luis Arroyo tuvo acceso a ese borrador porque se le pidió asesoramiento. Él sacó a blancos, porque dijo que si tocábamos a esos blancos se iba a perder el foco de lo que es la violencia rural”, sentenció el uniformado.
Junto con ello, Osses asegura que el jefe de alta complejidad de la Fiscalía también habría solicitado que se eliminara de ese texto, ya que contenía información sobre una presunta filtración de antecedentes reservados desde esa unidad a un tercero que mantendría contacto con miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entidad a la que pertenecen los detenidos en el allanamiento del 23 de septiembre.
Por su lado, Arroyo también conversó el medio y desmintió cada una de las afirmaciones del capitán de Carabineros, asegurando que recién se enteró de la existencia y los contenidos del Informe N° 130 cuando éste fue remitido oficialmente a la Fiscalía de Temuco el 20 de septiembre.
“No tuve acceso antes a ese informe”, sentenció el fiscal aludido, aclarando que desde el 21 de agosto y hasta mediados de octubre estuvo concentrado en la indagatoria del caso Luchsinger Mackay, e incluso puso en duda la veracidad de los dichos del uniformado argumentando que la Ley 19.974 es clara en establecer la prohibición de entregar algún tipo de información preliminar al margen de los cursos legales que están establecido en la misma normativa.
“Me parece grave que un oficial de inteligencia de Carabineros aparezca señalando algo que de haber sido efectivo constituiría un delito, ya que la ley es bastante severa con los agentes de inteligencia al momento de entregar información”, espetó el fiscal”, al tiempo que dijo que “me llama la atención que él mismo (Osses) reconozca participación en un delito de manera pública”.
Respecto de la supuesta filtración de información desde la unidad de Alta Complejidad que él dirige, el persecutor indicó a CIPER que recién el 26 de diciembre de 2017, fue notificado de la existencia de una investigación seguida en su contra como supuesto encubridor de su asistente, la abogada Mónica Palma.
De acuerdo a las pesquisas de inteligencia de la policía uniformada, Palma habría sido la responsable de esa filtración y Arroyo se habría inhibido de denunciarla por mantener una relación sentimental con ella.
“Es la revancha de Carabineros a las dudas que estaba presentando la Fiscalía en relación con el trabajo que habían realizado”, expresó Arroyo, añadiendo que las acusaciones del oficial responden a lo que hace “un imputado que se está viendo acorralado” y a “cubrir la inoperancia y la falta de resultados de las investigaciones” que la institución realizaba en la zona.
