El Comando de Defensa de los Fondos Previsionales denunció que la deuda previsional de los empresarios con los trabajadores asciende a US$2.000 millones, por lo que plantearon la posibilidad de que los fondos de pensiones de las personas cuenten con una garantía estatal, como sucede con los ahorros.

"Es alarmante el aumento de la morosidad por el no pago de las cotizaciones previsionales que tiene el Sistema de AFP, según datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones al 31 de diciembre, asciende a más de $2.000 millones, dinero que no se encuentra depositado en las respectivas cuentas individuales de los trabajadores y, por tanto, afecta directamente su futura pensión", señaló la organización social.

VACÍO

El problema que advierten los usuarios es el vacío que existe para hacerse cargo de las deudas, las que responden al principales a la exigibilidad del sistema de recaudación de las cotizaciones.

"Esto nos lleva a reflexionar acerca de la protección del derecho de propiedad, cuando su titular es el trabajador. Desgraciadamente la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, y el acceso a la justicia, son instituciones que no están suficientemente garantizadas en nuestro derecho, cuando se trata de proteger el derecho de propiedad e los trabajadores", precisan en el Comando.

A juicio de la entidad, el empleador es un depositario previsional de los dineros: "No es un deudor de imposiciones, en la medida que en el nuevo régimen previsional la cotización no es paritaria sino exclusivamente del trabajador. Es simplemente un delincuente. Se apropia de lo ajeno ilegítimamente y en contra de la disposición expresa en la ley".

GARANTÍA

La propuesta de los trabajadores es que se avance en garantizar la responsabilidad personal del empresario en el pago de las cotizaciones previsionales.

"Mediante la cotización que el trabajador destina a previsión parte de la cual financia el gasto de administración debiera garantizársele una seguridad absoluta en cuanto a que la cotización ingresó efectivamente a su cuenta", plantea el Comando de Defensa.

"Será la administradora la que, con cargo a su peculio le deposite, para luego exigirlos al empleador, subrogándose en los derechos del trabajador, pero en ningún caso el riesgo de la cobranza lo debe asumir el patrimonio del trabajador", se agrega.