La diputada de Comunes, Claudia Mix, presentó este jueves un oficio al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a la Contraloría General de la República, a raíz de una resolución de este último organismo, en la que declara ilegal el segundo contrato de arriendo entre el Gobierno y Espacio Riesco.

En el oficio, la parlamentaria solicita una copia del primer y segundo contrato celebrado entre el Estado de Chile, a través del Minsal, y el centro de eventos Espacio Riesco, un informe pormenorizado que dé cuenta del costo que ha reportado para el Fisco el segundo contrato con el centro de eventos y los conceptos por los cuales se contrató, y un informe detallado que dé cuenta de las demás condiciones en que se realizó esta segunda contratación del centro que sirve como hospital para enfermos de coronavirus.

“La resolución de Contraloría reafirma todas las inquietudes que planteamos a través de un oficio que presentamos a ese organismo el 25 de marzo. Es sumamente grave que exista un segundo contrato entre el Gobierno y Espacio Riesco que duplicaba pagos, como las redes de electricidad y aire acondicionado, que ya estaban contenidos en el primer contrato de arrendamiento”, afirmó la diputada.

En ese sentido, la parlamentaria indicó que “hacer negocios tránsfugos siempre va a ser condenable, pero lo es aún más en el contexto en el que estamos, con una pandemia que ha golpeado muy fuerte en la vida de miles de familias chilenas”.

“De confirmarse las ilegalidades declaradas por Contraloría, estos hechos no solo serían inmorales, sino que serían un delito, por lo que exigimos que haya responsabilidades penales. Esta no es la primera situación de este tipo en la que se ve involucrado el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien también se vio implicado en los contratos irregulares de residencias sanitarias. Pedimos que se investigue su actuar en ambos hechos”, agregó la diputada.

Además, señaló que “este caso es un nuevo antecedente que se suma a la larga lista de irregularidades que incluiremos en la acusación constitucional en contra del ex ministro Jaime Mañalich”.

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, afirmó que “el dictamen de Contraloría ratifica que hay una gestión poco transparente del Gobierno, como ha sido denunciado por distintos actores durante los últimos meses. Nos parece que es de absoluta gravedad lo que se expone y debe ser explicado por el Presidente y las autoridades de salud. Es inaceptable utilizar la pandemia y la grave crisis que vivimos como una oportunidad de negocios para unos pocos”.