El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, presentará este jueves –junto a parlamentarios de Chile Vamos y también de oposición– una acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien en 2016 lideró la comisión de libertades condicionales que otorgó tal beneficio a Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo (16).

Bustamante fue condenado en 2006 a 27 años de prisión por el doble homicidio que cometió un año antes contra su cónyuge de entonces y el hijo de ella, menor de 9 años. Sin embargo, en 2016 se le conmutó la pena por libertad condicional, en virtud de la decisión del comité de jueces liderado por Donoso.

Longton detalló que para acusar a la magistrada invocará “notable abandono de deberes” y la acción cuenta con firmas de diputados de todos los partidos de Chile Vamos, pero también del diputado DC Daniel Verdessi.

“El fundamento de la acusación no solo se basa en la liberación de Hugo Bustamante pese al informe negativo Gendarmería, sino que también en otros más de 500 casos que en 2016 también obtuvieron su libertad a pesar de tener informes negativos. Entre ellos asesinatos, violaciones y parricidios”, apuntó Longton.

“El libelo y la presentación va a demostrar que el comportamiento de la jueza ha sido deliberado, constante, de omitir los informes negativos de Gendarmería y dejar en libertad a peligrosos asesinos a pesar de no tener ninguna pizca de rehabilitación o reinserción”, recalcó el parlamentario por el distrito 6 de la Quinta Región.

Para Longton, “hay una aplicación apartada de la ley, un criterio arbitrario en la aplicación de la misma y claramente eso constituye notable abandono de deberes, ya que es una negligencia que es inexcusable e injustificada y que obviamente sus decisiones están generando un peligro para la sociedad, lo que este Congreso y nosotros como diputados tenemos la atribución de impedir que esta jueza siga cumpliendo sus funciones y sea destituida”.

A su vez, Daniel Verdessi, quien también representa al mismo distrito, admitió que si bien en la oposición “hay algún movimiento para proteger a la ministra por su defensa de los derechos humanos, lo que yo diría que hay que defender son los derechos de las víctimas y estos derechos han sido postergados y han sido conculcados”.

“Cuando se analiza el caso en forma concreta, se ve que hay elementos estándares en estas libertades condicionales que no cambian de un recluso a otros, como son el número de años cumplidos y otras cosas administrativas”, argumentó para dar su apoyo a la acusación.