Los diputados Camila Flores (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) enviarán un oficio a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacef) para exponer que, a su juicio, la Contraloría General se excedió en sus atribuciones fiscalizadoras al presentar cargos contra siete generales del Alto Mando de Carabineros por su posible responsabilidad en hechos alejados de los protocolos internos de la institución durante las manifestaciones del estallido social, entre octubre y diciembre del año pasado.

La Olacef es el organismo internacional encargado de supervisas las actuaciones de entes fiscalizadores de la región y está presidida por el contralor general de Perú, Nelson Shack. Además, desde el 1 de 2015, y hasta el 31 de diciembre de 2021, la secretaría ejecutiva de Olacef es ejercida por Jorge Bermúdez, justamente el contralor a quien cuestionan los parlamentarios de Chile Vamos.

“En Chile hemos sido testigos de un inédito hecho, a saber, inicio del procedimiento sancionatorio dirigido por la Contraloría General de la República en contra de altos mandos de las fuerzas policiales, exigiendo responsabilidad administrativa a dichos funcionarios, por el actuar de la policía en momentos de altísima tensión social, donde se suscitaron graves episodios de violencia y delincuencia que pusieron al país en un estado de alteración del orden público evidente, y que se sostuvo por varias semanas”, señala el texto que preparan ambos diputados.

Coloma y Flores denuncian en el texto, que aún no han enviado, que “la actuación de la Contraloría constituye un actuar inusual, que es lejana a su expertise, y de la que no podemos anticipar las consecuencias para el devenir de nuestra institución policial”.

En la misma misiva señalan que respetan “la institucionalidad de la Contraloría y reconocemos la tremenda labor que cumple en pos del resguardo de la legalidad y transparencia y la función pública. Sin embargo, creemos que dicha actuación debe ser siempre imparcial, aplicando el control de legalidad de forma estricta e igualitaria a todos quienes se encuentran bajo su vigilancia”.

Por último, advierten que “es importante para las democracias que las contralorías generales no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos” y solicitan a la Olacef que “pueda establecer los márgenes de acción de la Contraloría, el límite de sus atribuciones y el sentido su actuación”.