Los diputados Carolina Marzán (PPD) y Andrés Celis (RN) impulsaron una comisión especial investigadora por el asesinato de la joven Ámbar Cornejo (16), que apunte a establecer las responsabilidades institucionales que posibilitaron la libertad condicional de Hugo Bustamante, imputado como autor del crimen.

Bustamante estaba condenado a 27 años de prisión por un doble homicidio anterior, pero pudo salir con libertad condicional en 2016, cuando recién había cumplido 11 años de presidio.

La iniciativa de los parlamentarios pretenden evaluar si Bustamante cumplió con todos los requisitos para la concesión de los beneficios carcelarios que estaba gozando, así como analizar la calidad de los informes que envía Gendarmería, las falencias en el actuar del Servicio Nacional de Menores (Sename), qué medidas de protección se habrían dictado en torno a la joven, adoptadas por el Tribunal de Familia respectivo, y cuál fue la intervención de la Defensoría de la Niñez, si ello ocurrió.

Celis, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, manifestó que “junto a Carolina hemos acordado iniciar la recopilación de firmas para levantar una comisión investigadora por el asesinato de Ámbar porque se trata de una menor que fue vulnerada sistemáticamente por las instituciones que debían protegerla. Corresponde que como diputados fiscalicemos todas las fallas que pudieron ocurrir en el sistema judicial, penal y carcelario, como también en el funcionamiento del Sename y sus políticas de protección”.

El parlamentario añadió que “para iniciar de inmediato la investigación, oficié al director regional de Gendarmería, solicitando que nos remita los antecedentes con que cuentan respecto del condenado Hugo Bustamante, en especial la documentación que fue enviada a la Comisión de Libertad Condicional y que nos aclare qué procedimientos se utilizan para elaborar los documentos, cuántos profesionales están a cargo de aquello y todos los otros antecedentes que estén relacionados y que permitan cambiar las políticas públicas de este sistema, que claramente falló”.

Por su parte, la diputada del PPD señaló que “el caso de Ámbar nos duele profundamente y nos demuestra nuevamente cómo hemos fallado como sociedad. Desde el Poder Judicial, que permitió que un femicida y asesino de un menor quedara en libertad; desde el Estado, que permitió que una niña estuviese en absoluta desprotección e indefensión, ya es tiempo que el Estado chileno cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No puede ser que no se le dé la urgencia necesaria a los proyectos de ley sobre la materia ni que desde el Congreso intentemos mejorar el Sistema de Protección de nuestros niños y el Ejecutivo presente un veto, un veto que lo único que hizo es rechazar la niñez digna que como parlamentarios en ambas cámaras habíamos acordado”.

Marzán agregó que “es necesario que investiguemos y analicemos todas las fallas del sistema, porque se lo debemos a Ámbar y a muchas otras mujeres y niñas que han sido víctimas de un sistema que constantemente las deja en absoluta desprotección. La sociedad y las mujeres están cansadas de ver que los sistemas no están funcionando. Con esta comisión podremos investigar desde dónde vienen los errores y claramente corregirlos. Es nuestro deber y el deber del Estado trabajar para que nunca más suceda”.

Para la concreción de la instancia en la Cámara de Diputados se requieren firmas de al menos 2/5 de sus integrantes.