Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Jorge Alessandri, solicitaron este miércoles al Gobierno impulsar a la brevedad una agenda legislativa para dar protección social y económica a funcionarios de Carabineros y sus familias, cuando estos sean víctimas de algún ataque en el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior, a propósito del asesinato del cabo segundo Eugenio Nain Caniumil, en un operativo policial en la Araucanía.
Los legisladores argumentaron que la violencia en dicha zona “constituye un conflicto que va en una preocupante escalada, la seguidilla de actos terroristas y la indefensión de las víctimas resulta alarmante e indignante en un estado de derecho como el que vivimos, requiriéndose por lo anterior, de un esfuerzo concordante con la incertidumbre, violencia y desesperación de los miles de chilenas y chilenos”.
Y en ese contexto, Bobadilla y Alessandri subrayaron que Carabineros “presta un apoyo fundamental para extirpar la violencia que sacude a la Araucanía, donde muchos de sus funcionarios han sido también víctimas de ataques cobardes por parte de encapuchados y grupos terroristas”.
“El asesinato del cabo Eugenio Nain nos debe hacer reflexionar acerca de la promoción y protección de la labor policial en tiempos donde el respeto a la ley y el resguardo del orden público se ha encontrado en entredicho”, aseguraron ambos diputados.
“Por ello”, continuaron, “solicitamos que se posibilite un estatuto jurídico concordante a los tiempos que vivimos, fomentando mecanismos compensatorios a la ardua labor de resguardo de la seguridad, tanto durante el ejercicio de las funciones policiales de los miembros de la institución como también a las consecuencias de orden familiar que la muerte en actos de servicio de estas personas suscita”.
Bobadilla y Alessandri explicaron que la propuesta contiene cuatro elementos, como lo son otorgar asistencia psicológica, por el tiempo que sea necesario, al efectivo policial y su círculo más cercano, cuando éste sufriere algún ataque en el cumplimiento de sus funciones. Y extender el ascenso por invalidez de oficiales de Carabineros, hacia el escalafón de suboficiales, de forma de proteger económicamente a funcionarios y familias, cuando el efectivo policial sufra ataques en el cumplimiento de sus funciones.
“También se debe aumentar el seguro de vida de Carabineros de Chile, pasando de actuales 12 meses a 24 meses, de forma tal de ayudar económicamente a las familias de los funcionarios cuando uno de éstos fallezca en servicio. Y establecer un fondo destinado al financiamiento de la educación básica, media y superior, de los hijos de los funcionarios policiales que fallezcan en cumplimiento de su cargo”, cerraron ambos legisladores.
