El salomónico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo argentino-uruguayo por la construcción de la papelera Botnia en la ribera del fronterizo río Uruguay dejó conforme a ambos gobiernos, mas no a los ambientalistas trasandinos, que por años mantienen cortado el bilateral puente General San Martín (ver infografía).

La CIJ, con sede en La Haya, dio ayer la razón parcialmente a Argentina al reconocer que Uruguay violó el estatuto para la administración compartida del curso fluvial (1975), al decidir unilateralmente la instalación de la planta en Fray Bentos. Sin embargo, la Corte, que descartó que la papelera haya provocado daños medioambientales, no ordenó su traslado ni estableció compensación económica para el Estado argentino por el incumplimiento del acuerdo.

Aunque a nivel diplomático el fallo le viene como anillo al dedo al renovado acercamiento entre ambos países tras la llegada a la Presidencia uruguaya de José Mujica, en terreno las cosas son muy distintas, pues nada indica que los ambientalistas vayan a acatar la decisión judicial -definitiva e inapelable- así como así. Tampoco se vislumbra cómo el gobierno trasandino logrará que la población de Gualeguaychú acate el dictamen si durante años no impidió que bloquearan la conexión terrestre. Especialmente, porque los ecologistas se han mostrado divididos a la hora de interpretar la resolución.

Tras la lectura en La Haya, unos 350 miembros de la Asamblea Ambiental de la ciudad limítrofe discutieron los pasos a seguir. Parte de ellos aceptó con cierta resignación el que sus argumentos no hayan recibido el beneplácito de la Corte, mientras que el resto insistió en que la lucha debe mantenerse hasta que Botnia sea completamente desmantelada.

Entre los primeros se encuentra José Pouler, para quien "lo importante fue que se ha demostrado que Uruguay mintió, porque no cumplió con el tratado", aunque, en definitiva, el fallo fue "una de cal y otra de arena".

"Los jueces se lavaron las manos en el punto más importante, que es el de la contaminación", aseguró en contraposición a Pouler el ambientailsta Miguel Sánchez, para quien hace falta seguir con los bloqueos hasta que las autoridades "entiendan" que la papelera causará un grave daño ambiental, cosa que de momento no ha sido demostrada.

Eso sí, Pouler y Sánchez coincidieron en que era "casi imposible" que la Corte se pronunciara a favor del desmantelamiento, porque "hay fuertes intereses económicos en juego".

En lo inmediato, el bloqueo del paso hacia Uruguay se mantendrá hasta el 2 de mayo, cuando se efectúe una asamblea ampliada en la que participarán tanto ecologistas como los vecinos de Gualeguaychú.

Además, se mantiene en pie la marcha prevista para el domingo 25 de abril, un día después de que Mujica visite la localidad fronteriza de Concordia.